Dice Rodríguez Zapatero que el PSOE no presentará recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería porque «de todos modos, el Tribunal Constitucional no resolvería antes de siete años», con lo que «ya me dirán de qué estamos discutiendo».
Pues yo se lo diré: estamos discutiendo de una ley que, en opinión de muchos expertos juristas -y en la de no pocos legos-, es radicalmente inconstitucional. Lo cual plantea una cuestión de principios que exige una respuesta de principios, al margen de su utilidad práctica, mediata o inmediata.
Me pregunto si Rodríguez Zapatero sabrá qué es una cuestión de principios.
Por lo demás, su argumento, en la medida en la que señala un problema real, no afecta sólo a la Ley de Extranjería. De pensar realmente lo que dice, el secretario general del PSOE debería proclamar que su partido renuncia a presentar recursos de inconstitucionalidad, en general, se refieran a lo que se refieran, porque la tardanza del TC es en todos los asuntos la misma, salvo cuando hay de por medio personas encarceladas.
La salida inhibitoria de Zapatero tiene todo el aspecto de ser una mera excusa para aceptar de tapadillo la Ley de Extranjería, muy en su línea de compadreo con el Gobierno.
Por lo demás, es cierto que una Justicia lenta es siempre una Justicia injusta.
Los plazos con los que trabaja el TC son monstruosamente dilatados.
En tiempos, cuando se interponía un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, ésta quedaba provisionalmente en suspenso, hasta que el tribunal se pronunciara. Eso facilitó no pocos abusos: la oposición tenía así un medio para tumbar de facto las leyes que le disgustaban. Pero haberse pasado a la opción contraria no ha mejorado las cosas: ahora es la mayoría parlamentaria la que tiene vía libre para aprobar leyes anticonstitucionales a las que quiera sacar rentabilidad a corto y medio plazo. Para cuando el TC se las echa para atrás, el mal está ya hecho. La solución sería encontrar una fórmula intermedia: que el propio tribunal tuviera capacidad para decidir, tras un primer examen del recurso, si deja en suspenso provisionalmente la ley recurrida o no, en el buen entendimiento de que, caso de decidir la suspensión cautelar, el sumario pasa a tener carácter de urgencia.
Ahora que Acebes ha lanzado una propuesta de amplia reforma de la Justicia, que incluye algunos aspectos de hondo calado -el cambio del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, o la reforma de la Ley del Jurado-, sería el momento de que la oposición reclamara una transformación en profundidad del funcionamiento del Tribunal Constitucional.
Pero no lo veo yo al Zapatero éste nada proclive a las reformas destinadas a independizar la Justicia. Me da que lo que más le preocupa es negociar las cuotas que le van a tocar al PSOE en los diversos órganos del Poder Judicial.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (15 de febrero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de abril de 2017.
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