Radio Nacional, ayer, 21:00. El presentador del noticiario, un tal Manuel Antonio Rico, habla de «la desobediencia abierta del Parlamento Vasco», y se justifica: «...porque no cabe calificar de otro modo su actitud». Comenta una resolución votada por los jueces de la Audiencia Nacional, que tilda de «quiebra del Estado de Derecho» el rechazo parlamentario vasco de la orden de Garzón.
Bien. Valga lo que había escrito por la mañana para evitarme responder hoy a los bocazas de este género, togados o no.
Así puedo concentrarme en los aspectos políticos de la cuestión.
El domingo pasado, tras conocer cómo se había desarrollado la manifestación de la víspera en Bilbao, escribí en este Diario para reclamar a Ibarretxe y Madrazo sus respectivas dimisiones, cada una de ellas por motivos específicos. No me respondieron -tampoco esperaba que lo hicieran, ciertamente-, pero por lo menos dieron la cara para responder a las críticas que les llovieron de un lado y de otro. (Admito que, de todas las comparecencias de los miembros del Ejecutivo de Ibarretxe, la que más colmó mis expectativas de surrealismo fue la del consejero Balza, que llegó a disculparse por los golpes que su Policía había repartido a cuantos habían acudido a la manifestación «de buena fe». Fue como una reedición de las palabras del rey católico francés a la hora del exterminio masivo de los presuntos albigenses: «Matadlos a todos; Dios reconocerá a los suyos».)
Mi primera reacción, a la vista del disparate general propiciado por la banda Aznar-Garzón -y su entorno, dicho sea para respetar el lenguaje à la mode-, fue sugerir al Gobierno de Vitoria que encabezara una revuelta, civil y perfectamente pacífica, contra esa gentuza, soltando un claro y rotundo «Hasta aquí hemos llegado». ¿Los pasos? En el plano jurídico, la dimisión de Ibarretxe y la convocatoria de unas elecciones autonómicas con voluntad de referéndum. En el plano político, una decidida acción pareja.
El lunes me preguntaron en Bilbao, junto a la Gran Vía, a qué tipo de acciones me refería. Respondí: «Supongamos que 100.000, 150.000 o 200.000 vascos nos sentamos mañana aquí mismo y decimos: "No nos moveremos hasta que el Estado español admita el derecho del pueblo vasco a decidir por sí mismo su futuro". Y nos declaramos en huelga de hambre. Y nos quedamos quietos, pero sin levantar la voz, que maldita la falta que haría. Os digo yo que el pifostio que se armaría a escala internacional sería de los que hacen época. Tendríamos aquí a las televisiones y las radios de todo el mundo. En cuatro o cinco días, como máximo, Aznar estaría obligado a dejarse de mandangas y a decidir qué hace: o manda al Ejército a convertirnos en Perejil o entra en razón».
Bien: ésa sí sería «una estrategia de confrontación». Y yo sigo pesando que sería la mejor... siempre que hubiera 100.000, 150.000 o 200.000 vascos dispuestos a sacrificarse para demostrar que ya nos tienen más que hartitos, entre los unos y los otros.
El PNV y el Gobierno de Vitoria con él (o al revés) han optado por otra vía, que cabría llamar «del aprovechamiento de las posibilidades legales»: querellas, recursos, disposiciones parlamentarias, invocaciones a la solidaridad... Esta vía, en contra de lo que se dice por Madrid, no responde a ninguna «estrategia de confrontación» con el Estado. Al contrario: parte de la confianza en las posibilidades regenerativas de los mecanismos dispuestos por la Constitución Española. Otorga un voto de confianza al Estado.
No me parece mal. Pero sólo por el aquel de cargarse de razones. Para que nadie les pueda acusar de no haberlo intentado todo. No porque vayan a conseguir algún resultado práctico.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (20 de septiembre de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 15 de enero de 2018.
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