Desde Jamaica

He perdido ya la cuenta de las veces que he escuchado decir a unos u otros responsables políticos que hay que ilegalizar Batasuna «para impedir que esa gente siga disfrutando de los beneficios de la democracia». Se ve que algún experto en agitprop ha persuadido a sus señorías de que la frase es resultona y contundente, y no paran de soltarla, erre que erre.

Patinan, para variar.

Las libertades y los derechos ciudadanos no son privilegios de los que el populacho goce por generosa concesión del Estado.Todo ciudadano de este país, con independencia de sus virtudes o sus deméritos, sus logros o sus crímenes, tiene un conjunto de derechos de los que no es lícito privarle salvo por sentencia firme, en unos casos, o de ningún modo, en otros, si se trata de derechos inalienables.

«Vaya obviedad», me dirán ustedes. Y acertarán. Pero no es mi culpa si algunos han decidido prescindir de lo obvio.

El juez Garzón, por ejemplo.

El magistrado en cuestión ha decidido suspender la actividad de un partido político, privando con ello de diversos derechos fundamentales -los de asociación, reunión y manifestación, entre otros- a «esa gente», cosa que el respetable ha acogido con gran regocijo. ¿Cabe alegrarse de que un juez instructor se permita emitir un auto en el que veda el uso de derechos fundamentales a miles y miles de ciudadanos a los que no ha acusado de nada, ni -por supuesto- procesado? ¿Merece aplauso una actuación judicial que equivale a la instauración de un estado de excepción de aplicación selectiva por razones ideológico-políticas, ya que no procesales?

Respuesta mayoritaria: sí; cabe, y de hecho se celebra y aplaude, porque sirve «para impedir que esa gente siga disfrutando de los beneficios de la democracia». Respuesta mía (personal y témome que intransferible): cabe, por desgracia, pero es aberrante, porque elimina de un plumazo el principio de seguridad jurídica teóricamente consagrado en el artículo 9, apartado 3, de la supuestamente vigente Constitución Española.

Cuantos admiten que tales medidas represivas deben quedar fuera de discusión porque van contra quienes van, y contra «esa gente» todo es poco y cualquier reserva equivale a cobardía, si es que no a complicidad, están dando luz verde a la arbitrariedad de los poderes públicos, que hoy se utiliza contra «esa gente» y mañana -también hoy mismo, si bien se mira- contra cualquiera que pretenda que no debe hacerse un uso discrecional de la ley, según la simpatía o la repugnancia que nos merezca el justiciable, porque o la ley es igual para todos o no es ley, sino trampa.

Como en este caso.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (10 de septiembre de 2002) y El Mundo (11 de septiembre de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 15 de enero de 2018.