Me piden que escriba sobre la Ley de Partidos y la eventual ilegalización de Batasuna.
¿Considero que es constitucional esa ley? No sé en qué quedará tras su paso por las Cortes, pero me parece obvio que, si finalmente permite penar actuaciones anteriores a su entrada en vigor, vulnerará un precepto constitucional inequívoco. Y no hay duda de que el empeño del legislador -en este caso el Gobierno- apunta en esa dirección, puesto que ha proclamado hasta la saciedad que iniciará los trámites de ilegalización de Batasuna «en el mismo momento en que la ley quede aprobada», esto es, antes de que nadie haya tenido la oportunidad de contravenirla.
Tanto ese aspecto como el intento de establecer una responsabilidad penal colectiva, castigando al conjunto de los integrantes de un partido por los delitos cometidos eventualmente por algunos de sus miembros, me parecen de una licitud más que problemática.
Otra cosa es que el Tribunal Constitucional opte por hacer la vista gorda ante todo ello. Sucederá en tal caso como con los goles metidos en fuera de juego, o con la mano: si el árbitro los da por buenos, que el reglamento diga lo que le dé la gana. Y que luego llegue Estrasburgo con las rebajas: ya se sabe lo rápido que funciona eso.
Los voceros del Gobierno se indignan cada vez que alguien afirma que lo que pretenden es prohibir una ideología. Ignoro por qué ocultaron esa indignación cuando el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, dijo hace un mes públicamente que es de eso de lo que se trata, e incluso se declaró «muy preocupado» porque había oído a Ibarretxe decir que no cabe prohibir ideologías.
De todos modos, y problemas legales al margen, hay que preguntarse qué es exactamente lo que pretende el Gobierno con esa ley. Porque Aznar tiene que saber tan bien como yo que ninguna ley, por severa que sea, es capaz de acabar con un fenómeno social asumido por algo así como 200.000 personas. No les va a impedir asociarse -no puede evitar que funden tantas asociaciones formalmente diferentes como les plazca-, no va a conseguir que se queden fuera de los procesos electorales -pueden presentarse como agrupaciones de electores en tantos puntos como quieran- y no va a dejarlos sin representación política, porque los votos legalmente emitidos se convierten en escaños legalmente indiscutibles. Imaginemos que, un día después de ilegalizada Batasuna, cien mil ciudadanos se autoinculpan ante la autoridad judicial, declarándose culpables de un delito de asociación ilícita. ¿Qué querrá el Gobierno que hagan los jueces? ¿Procesarlos, juzgarlos y encarcelarlos a todos?
Ya me hago cargo de que, ante muy buena parte de la opinión pública española, queda muy simpática -y es electoralmente muy rentable- la pretensión de ir a por Batasuna tirando por la calle de enmedio. Pero a veces lo que parece una calle de enmedio es tan sólo un callejón sin salida.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (26 de abril de 2002) y El Mundo (27 de abril de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 22 de abril de 2017.
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