Desde Jamaica

No afirmo que sea imposible que el Tribunal Supremo condene a Barrionuevo y Vera a penas de cárcel, pero sí que me parece muy improbable.

Advertiré, de todos modos, que, si no empleo el término imposible, es tan sólo por huír de la perniciosa tendencia de la mente humana a servirse de absolutos. La realidad -más la natural, pero también la social- es poco dada a ellos.

Así que me quedo modestamente con el muy improbable.

El juicio se ha desenvuelto de un modo más que satisfactorio para los partidarios de la condena. Se ha comprobado hasta la saciedad que la única explicación de los hechos pasa por la culpabilidad de los dos altos cargos felipistas de Interior. La tesis de que los GAL fueron un invento de Sancristóbal y Damborenea no se aguanta en pie: el uno era gobernador civil de Vizcaya, el otro, jefe provincial del PSOE. Ninguno de los dos tenía a su alcance los recursos necesarios para poner en marcha una red que involucró a las polícias de varias provincias, a la Guardia Civil y al Cesid. Les hacía falta el apoyo de sus superiores. Y hay muchos datos que indican que tuvieron ese apoyo, material y político.

Establecido lo cual, queda por dilucidar si aquella actuación, a todas luces delictiva, ha prescrito o no.

Hemos oído decir hasta la saciedad en las últimas semanas que ahí está la madre del cordero. Qué va. Está en los corderos.

Si los integrantes del Tribunal fueran capaces de reflexionar sin contar con la notoriedad política de los acusados, rechazarían de plano el argumento de la prescripción. Porque, si ha pasado tanto tiempo desde que se cometió el delito hasta su enjuiciamiento, es porque los ahora encausados boicotearon su investigación. Su actuación, desde entonces hasta que abandonaron el Ministerio, fue una prolongación del delito: un mero ejercicio de autoencubrimiento. El simple hecho de tomar en consideración la tesis de la prescripción supone premiar la utilización interesada que hicieron de sus prerrogativas públicas: convertir lo que debería ser una circunstancia agravante en una hipotética eximente.

Pero todos estos razonamientos tienen que ver con la Justicia, como ideal, no con la Administración de la Justicia en España, en tanto que realidad actuante. Esta última ha demostrado de modo tan aplastante que funciona como retaguardia de los poderosos, que se hace obligado colegir que también en este caso se las arreglará para que Pepe Barrionuevo y Rafa Vera eviten las enojosas consecuencias derivables de sus actos.

Si Barrionuevo y Vera fueran condenados a penas de prisión, desentonaría. Se puede encarcelar a la Mesa Nacional de HB por difundir un vídeo: eso está en el orden natural; encaja en el paisaje. Pero mandar a chirona por 20 años a dos jefes del PSOE por encabezar una banda terrorista chirría. Sería impropio de un tribunal español.

¿Imposible? Muy improbable.

Javier Ortiz. El Mundo (11 de julio de 1998). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de de julio de 2012.