Desde Jamaica

Desasosiego en la clase política española ante las noticias provenientes de Estados Unidos que señalan a Charles Pasqua como un corrupto que recibió propinas de Sadam Husein a cuenta del programa de las Naciones Unidas llamado «petróleo por alimentos». Pasqua negó el hecho cuando la noticia comenzó a correr el año pasado, pero ahora la acusación no proviene ya de los medios de comunicación, sino de un Comité del Senado de los EUA, que no tiene por costumbre formular al albur imputaciones de ese calibre contra políticos tan importantes de países tan importantes.

El desasosiego de los dirigentes del PSOE y el PP proviene del hecho de que Pasqua, en las dos ocasiones en que fue ministro del Interior -una en el gobierno de Chirac y otra en el de Balladur- se comportó como un «leal amigo de España» (en la lucha contra ETA, se entiende), razón por la que aquí fue ensalzado al máximo, presentándolo como un hombre de intachable rectitud. Ahora, cuando alguien les habla de la dudosa catadura de este «leal amigo de España», fingen sorpresa: «¡Quién lo iba a decir!»

Pues cualquiera que se hubiera tomado el trabajo de informarse. La biografía de Pasqua, que hizo sus primeras armas políticas como jefe del Servicio de Acción Cívica -una especie de policía paralela de los gaullistas, conocida por sus escasos escrúpulos legales-, ha dado siempre cuenta de sus excelentes relaciones con los ambientes más sospechosos, desde la mafia marsellesa al maquis corso, desde los paraísos fiscales de Mónaco y las Bahamas a los círculos comisionistas de los negocios más oscuros de la vecina República. Por decirlo en pocas palabras: si Pasqua no puso nunca demasiados obstáculos legales a la colaboración con la Policía española es porque lo suyo no han sido nunca los obstáculos legales.

Dicen quienes han seguido su larga trayectoria que, de hecho, lo que podría darse por más sorprendente es que se las haya arreglado siempre para eludir la cárcel y seguir en el centro de la actividad política. Lo atribuyen a la muy abundante documentación que tiene sobre la cara oculta de la mayoría de quienes podrían verse tentados a acabar con él.

Resumiendo: toda una pieza.

Pero no la única. Otros muchos «leales amigos de España» que han pasado por los gobiernos de Francia cuentan con historiales del mismo género.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (14 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de octubre de 2017.

Los sondeos ofrecidos por El Mundo y la Cadena Ser coinciden en lo esencial: Rodríguez Zapatero vapuleó a Mariano Rajoy en el llamado Debate sobre el Estado de la Nación. Según el trabajo de Sigma Dos para El Mundo, el 45,9% de quienes siguieron el debate considera que Zapatero estuvo más convincente. Sólo el 29,3% piensa lo contrario. El sondeo del Instituto Opina para la Ser dice que el presidente del Gobierno se impuso por un 44-24.

Apoyándose en los trazos gruesos de estos sondeos, algunos comentaristas se han lanzado con mucha rapidez a afirmar que se está produciendo un neto deslizamiento de la opinión pública española hacia posiciones menos rígidas y beligerantes, más favorables a las soluciones dialogadas que preconiza -si bien de manera harto vaporosa- el actual presidente del Gobierno.

Pocas cosas me causarían mayor satisfacción, pero yo no lo afirmaría con tanta alegría.

Veamos. Según el sondeo de la Ser, el 60% de los encuestados «vio o escuchó en directo o en diferido alguna parte del debate». Dato más elástico, imposible. «Alguna parte del debate» puede ser un minuto. Más llamativo me resulta que un 40% admita que no vio ni escuchó nada del debate. De ser así, habrá que concluir que una muy elevada proporción de la ciudadanía española huye despavorida de los espacios informativos de la radio y la televisión.

Si sumamos al 40% por el que el debate ha pasado como el rayo de sol por el cristal, sin tocarlo ni mancharlo, con el porcentaje, imposible de fijar, formado por quienes vieron o escucharon «alguna parte» del debate, pero mínima, nos plantamos ante una masa muy considerable de ciudadanos cuya ideología real no tiene por qué verse retratada en estos sondeos.

Imagino que sí se estará produciendo un cierto deslizamiento como el apuntado más arriba, pero las visceralidades sociales no suelen aparecer y desaparecer de un mes para otro. Dudo de que el mensaje de Rajoy conecte ya sólo con un 24% o un 29% de la población del Ebro para abajo. Ojalá me equivoque.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (13 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de octubre de 2017.

Para quienes seguimos día a día la actualidad política -o, para ser más preciso, los dichos y los hechos de los políticos profesionales, que la política es mucho más que eso-, los discursos del llamado «debate del Estado de la Nación» presentan un interés sobre todo indirecto. Lo principal suele ser constatar qué trato se conceden los unos a los otros y en relación a qué asuntos, como augurio de las alianzas -circunstanciales o de fondo- y de los distanciamientos que pueden esperarse en el futuro inmediato. Pero no podemos desdeñar tampoco, por supuesto, las consecuencias que tienen como resultado de la impresión que causan en la parte de la ciudadanía que los observa, con mayor o menor atención, con conocimiento más amplio o más limitado de las materias de las que se debate en uno u otro momento (por poner un ejemplo concreto: no me atrevería yo a decir que la gran masa de la audiencia entendiera ayer gran cosa del debate en el que se enzarzaron Zapatero y Rajoy para determinar con precisión qué es y qué no es una licitación).

El grado mayor o menor de aceptación que consiguen despertar los debatientes en ese magma que hoy en día se llama «opinión pública» es importante porque apareja -no de manera automática, pero sí en medida digna de estima- una mayor o menor confianza en aquello que están haciendo, sea desde el Gobierno, sea desde la oposición.

Lo cual siempre es importante, pero mucho más en este momento.

Durante años, tanto el PP como el PSOE han venido presentando como auténticos dogmas de fe -como «cuestiones de Estado»- los planteamientos más inmovilistas en relación con la llamada «cuestión vasca» y, más en general, con la organización territorial del Estado (o, por decirlo echando mano del lenguaje al uso, con «la sagrada unidad de la Patria»). Tanto, de manera tan machacona y con tantos recursos propagandísticos lo han hecho, que la gran mayoría de la población, excepción hecha de las ciudadanías de Euskadi y Cataluña, ha llegado a asumir esos planteamientos como si, efectivamente, fueran las mismísimas Tablas de la Ley, imposibles de discutir y hasta de matizar.

Ahora, Rodríguez Zapatero ha amagado su disposición -amagado su disposición: nada más- a replantearse algo -algo- de todo eso. No ha hecho todavía nada concreto, pero la sola mención de tal posibilidad le sitúa frente al peligro de que buena parte del electorado español, incluyendo el suyo propio, se le lance a la yugular por blasfemo.

Esa reacción es exactamente la que pretendió azuzar ayer Mariano Rajoy con su discurso de tintes apocalípticos y, de modo muy especial -y realmente innoble-, cuando acusó a Zapatero de «traicionar a los muertos».

Una parte de lo que está en juego en el actual «Debate del Estado de la Nación», y no la menos importante, se sitúa en ese problemático terreno. Se trata de ver si Zapatero es capaz de ir rebajando la rigidez ultraespañolista de la política oficial española, a la que el PP y su propio partido tanto han contribuido durante tantos años. O si, a la vista de las dificultades, abandona cualquier ambición de cambio real y se queda en lo que ha hecho hasta ahora, que no es otra cosa que marear la perdiz.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (12 de mayo de 2017). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de octubre de 2017.

En los años sesenta se produjo en las paredes de algunos barrios de Barcelona un tira y afloja más bien cómico entre diversas pintadas clandestinas. Algunos pintaban con grandes letras: Volem bisbes catalans! («¡Queremos obispos catalanes!»), tras de lo cual llegaban otros que rectificaban las pintadas, dejándolas en No volem bisbes! («¡No queremos obispos!»).

El embarazo de la Princesa de Asturias parece haber puesto en un brete al Gobierno de Rodríguez Zapatero, que ha prometido promover la reforma de la Constitución para que ésta deje de establecer la relación de prelación del hombre sobre la mujer en la línea de descendencia de la Corona. El presidente quería introducir ese cambio a la vez que otros referentes al Estado de las Autonomías y a la Constitución Europea. Verse obligado a acelerar el primer aspecto presentaría para él dos graves inconvenientes: primero, que los otros cambios no están todavía maduros, y segundo, que precipitaría el fin de la legislatura, con el consiguiente riesgo de perder las siguientes elecciones. Ante lo cual ha optado por decir que el primero de los cambios no corre prisa porque, aunque naciera primero una niña y acto seguido un niño, la reforma podría aplicarse de modo retroactivo. Lo que no he visto que nadie haya explicado es cómo se las arreglarían para que esa retroactividad no implicara también la pérdida de derechos del Príncipe Felipe en favor de su hermana Elena.

A mí, con este asunto de la discriminación de sexos en la línea de acceso al trono, me viene a pasar lo que les sucedía a los rectificadores de las pintadas catalanas que antes he mencionado. No siento ningún deseo de defender que las mujeres de sangre real tengan los mismos privilegios que los hombres de su misma sangre, sencillamente porque no deseo que haya privilegios. No tengo interés en discutir quién debe tener más derechos para acceder a la cabeza de la Monarquía porque no quiero que haya Monarquía.

Dicho lo cual -que a alguna gente le parece inadecuado y no veo por qué: es de eso de lo que se está hablando-, añadiré que me parece una broma de mal gusto que se pretenda rectificar ese aspecto legal para atender el principio constitucional que prohíbe la discriminación por razón de sexo y se haga la vista gorda ante el hecho de que el artículo de la Constitución que establece tal prohibición, el artículo 14, la hace extensiva a cualesquiera otras circunstancias personales o sociales, con alusión prioritaria y directa a la discriminación «por razón de nacimiento». Que a determinadas personas se les otorgue unos derechos superiores al resto de la ciudadanía por razones de cuna -base misma de la institución monárquica- representa una violación igual de flagrante del mandato igualitario de la Constitución.

Habrá que entender que hay igualdades más desdeñables que otras.

Javier Ortiz. El Mundo (11 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 2 de mayo de 2018.

Recuerdo una viñeta de Siné, el veterano dibujante y escritor francés asiduo del semanario satírico Charlie Hebdo, que apareció publicada a comienzos de los sesenta. Se veía a un paraca con aire compungido que le decía a su novia, sentada sobre sus rodillas: «Ah, María, ¡qué gilipollez! ¡La paz!». Supongo que se referiría al fin de la Guerra de Argelia, aunque al Siné de la época también le gustaba referirse muy ácidamente a la descolonización del Congo Belga, recién rebautizado como Zaire.

No me llamó la atención la viñeta de Siné porque criticara la guerra. Tampoco me habría sorprendido que denunciara el carácter neocolonial o imperialista de las guerras que se tomaban el relevo por aquel entonces con anonadante frecuencia. Lo que me dejó más pensativo fue el descubrimiento -descubrimiento para mí, claro está- de que hay gente, como el paraca del chiste, que vive de que haya guerras y de pegarse en ellas. Gente a la que la paz -cualquier tipo de paz- le hace polvo.

El secretario general del PSOE, José Blanco, se ha declarado convencido de que el PP no quiere que se llegue a una solución dialogada que permita la pacificación de Euskadi. Otros socialistas han secundado su afirmación: «El PP vive instalado en la tensión, en la crispación, en la confrontación». No parece que sea la gente del PSOE la más libre de pecado para tirar esas piedras, habida cuenta de que ellos acompañaron a Aznar -a escala central- y a Mayor Oreja -en Euskadi- a pie juntillas cuando ésa era la política dominante. De hecho, y aunque de manera mucho más templada, todavía lo hace.

Pero resulta difícilmente indiscutible que la fuerza con que el PP se ha agarrado a la intransigencia en relación a Euskadi y, aún más, el enorme peso cuantitativo y cualitativo que ha concedido a ese punto como seña de identidad política, tiene que causarle hoy en día más de un quebradero de cabeza. ¿Y si aquí no hubiera terrorismo? ¿A qué se dedicarían los cientos y cientos de cuadros de su partido que no saben hablar de otra cosa?

Fenómeno semejante, y probablemente más grotesco, se produciría en el mundo de la Prensa. Hay en los medios de comunicación con sede en Madrid toda una legión de supuestos especialistas en Euskadi, que no sólo no tienen ni idea de Euskadi, sino tampoco de periodismo. Son agitadores de pacotilla que insultan, difaman y fantasean cuanto les viene en gana, porque nunca tienen enfrente nadie que les responda. Se sienten aplaudidos por una parte de la opinión pública, agasajados por quienes rigen los medios para los que trabajan y, sobre todo, magníficamente pagados, que es lo que más les importa. ¿Qué harían si se les acabara el monotema y tuvieran que ponerse a estudiar las infinitas cosas que suceden en el mundo, muchas muy complicadas y sobre las que el Pacto Antiterrorista no dice nada? Me sé de un puñado de ellos -y de ellas- cuya conversación alcanzaría, y no sin dificultades, el nivel de las charlas de barra da café.

Otro motivo más para desear que ETA se disuelva.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (11 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de octubre de 2017.

Sigue la discusión sobre la posible desobediencia civil de los funcionarios frente a su obligación de casar a los gays y lesbianas que lo demanden. «¿Y el derecho a la objeción de conciencia?», argumentan bastantes.

El asunto no es tan simple. La objeción de conciencia está consagrada en la Constitución Española y otras leyes principales europeas e internacionales como extensión de la libertad de pensamiento y conciencia, pero ninguna de esas leyes deja en manos de los particulares su libre aplicación a tales o cuales materias. No puede derivarse de una decisión unilateral del ciudadano. Tú puedes declararte objetor fiscal por razones de conciencia, pero o pagas tus impuestos o te empuran. No digamos nada si eres funcionario de la Agencia Tributaria y te niegas a tramitar el IRPF porque consideras inmoral que el Estado dedique a la compra de armas parte del dinero recaudado. Te expedientan ipso facto.

La vía normal que se sigue a ese respecto es que el legislador detecte un estado de opinión amplio en pro de tal o cual repudio ético a la aplicación de una determinada ley y que, en caso de considerar ese repudio de suficiente entidad y repercusión ciudadanas, opte por regular legalmente esa forma concreta de objeción de conciencia, procurando siempre que su reconocimiento no ponga en peligro el derecho de terceros, o de la sociedad en su conjunto, a recibir el servicio o la asistencia de que se trate.

En España, que yo sepa, se han regulado dos formas de objeción de conciencia: una, que se ha visto anulada por resultar ya inútil, fue la objeción de conciencia a la prestación del mal llamado servicio militar; la otra, la objeción de aquellos profesionales de la medicina a participar en prácticas que entienden contrarias a su fe religiosa. Si la Iglesia se hubiera dirigido al Parlamento pidiendo que regule la objeción de conciencia de los funcionarios al matrimonio gay, habría seguido el procedimiento adecuado. Lo que no es tolerable es que trate de movilizar a sus funcionarios fieles para que hagan de la capa de la ley su sayo particular, por su cuenta y sin su riesgo.

Algún jurista del Opus Dei ha especulado con la posibilidad de que los funcionarios se nieguen a facilitar matrimonios gays invocando ante el Tribunal Constitucional la llamada «excepción de legalidad», a la que puede apelarse cuando se entiende que la ley o norma que se le pide que aplique es contraria a la legalidad constitucional. Pero la invocación de la excepción de legalidad no exime de la aplicación de la ley. Hoy en día, la vigencia de una ley no queda en suspenso ni siquiera cuando el Tribunal Constitucional acepta a trámite el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Se tomó esa resolución para impedir que la oposición parlamentaria se dedicara a boicotear la actividad legislativa de la mayoría recurriendo ante el TC sus leyes más conflictivas. Excuso decir la que se armaría si incluso los particulares tuvieran la facultad de paralizar la aplicación de las leyes a base de apelar a la «excepción de legalidad».

Parece mentira que hayan sido los clérigos los que se hayan pasado siglos y siglos pasando el testigo de la máxima latina, generación tras generación: Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (10 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de octubre de 2017.

En los años sesenta se produjo en las paredes de algunos barrios de Barcelona un tira y afloja más bien cómico entre diversas pintadas clandestinas. Algunos pintaban con grandes letras: «Volem bisbes catalans!» («¡Queremos obispos catalanes!»), a lo cual otros contestaban rectificando la pintada y dejándola en «No volem bisbes!» («¡No queremos obispos!»).

El embarazo de la princesa de Asturias parece haber puesto en un brete al Gobierno de Rodríguez Zapatero, que había prometido que promovería la reforma de la Constitución para que ésta dejara de establecer la relación de prelación del hombre sobre la mujer en la línea de descendencia de la Corona. El presidente quería introducir ese cambio a la vez que algunos otros referentes al Estado de las Autonomías y a la Constitución Europea. Verse obligado a acelerar el primer aspecto presentaría para él dos graves inconvenientes: primero, que los otros cambios no están todavía maduros, y presentar este en exclusiva obligaría a encarar otra reforma de la Constitución a pocos meses vista, asunto verdaderamente engorroso, y segundo, que precipitaría el fin de la legislatura, con el riesgo de perder las siguientes elecciones.

A mí, con este asunto de la discriminación de sexos en la línea de acceso al trono, me viene a pasar lo que les sucedía a los rectificadores de las pintadas catalanas. No siento ningún deseo de defender que las mujeres de sangre real tengan los mismos derechos que los hombres de su misma sangre para acceder a la cabeza de la Monarquía porque no quiero que haya Monarquía.

Aparte de lo cual, me parece una broma de mal gusto que se pretenda rectificar ese extremo para atender el principio constitucional que prohíbe la discriminación por razón de sexo y se haga la vista gorda ante el hecho de que el artículo de la Constitución que establece tal prohibición, el art. 14, la hace extensiva a cualesquiera otras circunstancias personales o sociales, con alusión prioritaria y directa a la discriminación «por razón de nacimiento». Que a determinadas personas se les otorgue unos derechos superiores al resto de la ciudadanía por razones de cuna -base misma de la institución monárquica- representa una violación igual de flagrante del mandato igualitario de la Constitución. ¿Será que hay igualdades más desdeñables que otras?

Dicho lo cual, me pondré en plan Fraga y diré que no tengo nada que añadir sobre el asunto.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (9 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 16 de mayo de 2010.

La Conferencia Episcopal española ha llamado a todos los funcionarios públicos, jueces incluidos, a que se nieguen a sancionar matrimonios entre personas del mismo sexo, y las principales asociaciones de la magistratura le han respondido que sus miembros no pueden dejar de cumplir la Ley.

Esto ha suscitado en ciertos ambientes progresistas una curiosa discusión sobre el derecho a la desobediencia civil. Dicen algunos: «No podemos reclamar para nosotros ese derecho y negárselo a otros porque lo ejerzan en defensa de ideas que son opuestas a las nuestras».

Me parece que, en efecto, resultaría contradictorio reclamar para unos el mismo derecho que se niega a otros. Pero en este caso no hay ninguna contradicción, porque la desobediencia civil, sencillamente, no es un derecho. Negarse al cumplimiento -y no digamos nada a la aplicación- de las leyes que uno juzga en conciencia inicuas no es un derecho, sino un deber. Un imperativo ético que la ley positiva no podría recoger en ningún caso como un derecho sin caer en una contradicción grotesca: elevar a categoría de ley el incumplimiento de la ley.

El imperativo categórico podrá esgrimirse como circunstancia atenuante en el caso de que de la no observancia de la ley se derive un procedimiento judicial o disciplinario en contra de quien haya incurrido en ella (*), pero nunca como eximente. Y menos en el caso de un juez o magistrado. La propia ley lo excluye en los casos en que el desobediente «tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse».

¿Puede un juez o magistrado negarse a presidir la celebración de un matrimonio gay? Por poder, puede. Pero a sabiendas de que el Consejo General del Poder Judicial se verá obligado a abrirle un expediente disciplinario por falta muy grave, lo que desembocará, antes o después -antes, en el caso de que se muestre reincidente-, en su apartamiento de la función jurisdiccional.

Dicho de otro modo: la Conferencia Episcopal española ha de ser consciente de que, cuando reclama a los funcionarios católicos que se nieguen a aplicar la nueva ley, lo que les está pidiendo de hecho es que se jueguen el empleo y el sueldo.

¿Que algunos funcionarios católicos están dispuestos a ello por coherencia con sus convicciones morales más profundas? Ninguna objeción. Pero que los obispos no les disfracen la realidad haciéndoles creer que están amparados por algún tipo de derecho. Porque no hay tal.

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(*) El vigente Código Penal (art. 21, 3ª) menciona como circunstancia atenuante «la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante». Si quieren incluir sus convicciones católicas en este apartado...

Javier Ortiz. Apuntes del natural (8 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de octubre de 2017.

Cada cual es muy dueño de pensar lo que tenga a bien sobre las soluciones que hay que buscar para los problemas específicos de Euskadi. Incluso puede pensar que no hay ninguna solución que buscar, sea porque los problemas no tienen solución, sea porque las vías de solución ya están abiertas y no hay nada nuevo que deba intentarse.

El PP es de este último criterio. Sostiene que lo mejor que puede hacer el Gobierno central es mantenerse en las posiciones en las que se atrincheró Aznar tras su intento frustrado de negociación con ETA. Según el principal partido de la oposición española, en Euskadi no hay ningún conflicto histórico que resolver. Para el PP, el único problema que existe es ETA, cuya resolución corresponde a la policía y a los jueces.

Es un enfoque perfectamente legítimo, por supuesto, pero mal avenido con la realidad. Aznar puso a prueba esa visión cuando prometió en 1996 que en el plazo de seis años habría logrado la desaparición de ETA. Mayor Oreja, fue aún más audaz: dijo que lo conseguiría en un lustro. Nueve años después, parece bastante obvio que fracasaron. En el plano policial y, todavía más, en el político.

Lejos de ese criterio demostradamente erróneo, otros consideran que el llamado problema vasco encierra al menos dos problemas, relacionados, pero distintos. Saben que está, en primer lugar, el problema de ETA, que es el que debe resolverse mejor hoy que mañana. Pero no olvidan que Euskadi ya tenía serias dificultades de engarce en España mucho antes de que naciera ETA. Y comprenden que no hay ninguna razón para suponer que esas dificultades vayan a evaporarse automáticamente con la desaparición de ETA.

Quienes ven así las cosas creen que hacen falta propuestas nuevas que permitan el desbloqueo de una realidad que sigue enquistada. Y propugnan que las fuerzas políticas con influencia real en la sociedad vasca se vayan tanteando a la búsqueda de los consensos posibles y necesarios. Lo cual requiere contactos pacientes, discretos y laboriosos, a los que no tiene sentido acudir con la pretensión de apuntarse éxitos inmediatos de cara a la galería.

Como periodista, trato de enterarme de todo. Y lo que sé lo cuento. Pero me consta que en ese tipo de contactos la discreción de los protagonistas es la norma número uno.

Quienes reclaman que haya «luz y taquígrafos» en todas partes, como ha exigido el PP tras el encuentro entre Zapatero e Ibarretxe, son siempre -la experiencia enseña mucho- los que quieren que las iniciativas se queden en nada.

Que nos expliquen los populares qué luz y qué taquígrafos hubo cuando una delegación del Gobierno de Aznar se reunió con otra de HB en un célebre hotel burgalés, en la carretera Madrid-Irún, durante la tregua de ETA. Entonces fueron discretísimos. ¿Por qué?

Ya respondo yo: porque no querían boicotear lo que estaban haciendo.

Javier Ortiz. Apuntes del natural y El Mundo (7 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de octubre de 2017.

Sesenta años después, siguen sucediéndose los actos dedicados a evocar el espanto del Holocausto sufrido por el pueblo judío a manos del poder nazi durante la II Guerra Mundial.

Comprendo bien -cómo no- que las gentes que vivieron aquel espanto o sufrieron sus secuelas sigan con la sensibilidad a flor de piel.

Lo que me convence menos es que sea aquel horror y sólo aquel horror el que merezca los honores del constante recuerdo universal.

Dicen que insisten en ello «para que algo así nunca pueda repetirse». No veo yo que haya un peligro inminente de que la comunidad judía internacional se vea sometida de nuevo a una persecución como la que sufrió en aquellos tiempos. En la actualidad, el movimiento sionista mundial y el Estado en el que ha cristalizado, Israel, gozan de un poder financiero y militar de primerísima línea. Y se benefician de la protección de Washington, que no sólo se lo tolera todo, sino que además le ayuda a conseguirlo, así sea despreciando la legalidad internacional.

Sucede eso mientras otras masacres a gran escala sucedidas en los mismos tiempos apenas merecen la atención de la opinión democrática mundial. Pienso, por ejemplo, en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que son evocados -las contadas veces que son evocados- como si hubieran sido efecto de una especie de desastre natural y nadie tuviera responsabilidad en ello.

Para horno crematorio, la bomba atómica.

No digo yo que haya un peligro inmediato de repetición de algo semejante a lo que los EEUU hicieron con la población civil de Japón los días 6 y 9 de agosto de 1945, pero, puestos a precaverse de repeticiones, me parece que ésa no tiene nada de desdeñable.

Otro ejemplo. En la actualidad, Vladimir Putin está realizando una intensa campaña revisionista destinada a justificar el pacto germano-soviético firmado por Molótov y Von Ribentropp en agosto de 1939 y a cantar los supuestos méritos de Stalin durante la II Guerra Mundial. Quienes hemos estudiado con alguna atención la realidad de la URSS en aquellos tiempos sabemos que el de Tiblisi cometió errores fatales en la preparación (en la no preparación, más bien) de la invasión hitleriana, desoyendo advertencias bien precisas. Para empeorar su papel, en los días que sucedieron a la invasión dio muestras de una indeterminación realmente patética. Pero lo peor de Stalin no fueron sus errores, sino sus crímenes. Fue un dictador que procedió a campañas de represión masiva en el interior de su país, campañas que incluyeron la deportación y el confinamiento de poblaciones enteras. Cargó sobre sus espaldas con la culpa del exterminio de cientos de miles de personas.

Que la URSS tuvo un papel esencial en la derrota del III Reich no es cosa que admita dudas. Su pueblo pagó un elevadísimo tributo en vidas por ello. Pero atribuir al genio de Stalin lo que fue resultado, en lo esencial, del heroísmo de la población soviética y de la pericia de muchos de sus mandos militares, como están haciendo ahora los servicios de agit-prop de Putin, sólo puede responder a un propósito avieso. El mismo que condujo al propio Stalin a cantar las glorias de Iván el Terrible y otros autócratas del pasado ruso. Trata de extender en la población rusa la idea de que un buen autócrata con ideas claras y mano de hierro para ejecutarlas es una bendición del cielo. Aunque tenga que llevarse por delante a pueblos enteros.

Si lo que realmente pretendieran los fabricantes de ideología dominante cuando evocan los terribles desastres del pasado fuera, como dicen, evitar que se repitan, deberían ampliar su campo de visión, privilegiar menos el Holocausto y prestar más atención a otras barbaridades históricas que cuentan con muchas más probabilidades de repetirse, de una u otra forma.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (7 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de octubre de 2017.