Desde Jamaica

Un informe de la Organización Mundial de la Salud sostiene que uno de cada cuatro casos de violencia machista en España está vinculado al consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Las autoridades sanitarias exhiben ese dato para advertir de los peligros que conlleva la ingesta desmadrada de alcoholes.

Son indudables lo efectos nocivos que la alcoholemia puede tener sobre la conducta humana, en muchos aspectos, pero no veo que el informe de la OMS demuestre que hay una relación de causa-efecto entre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la violencia machista. De ser cierto que el 25% de los que agreden físicamente a mujeres lo hace borracho, lo que se evidencia, sobre todo, es que entre los españoles machistas hay mucha violencia reprimida.

El alcohol no genera agresividad. El alcohol no genera nada. Sólo se pone violento tras beber aquél que antes ya sentía propensión a la violencia, pero la reprimía, por lo menos en sus expresiones más brutales.

Los latinos decían: In vino veritas. Y tenían razón. El alcohol quita las máscaras. Deja al desnudo al que mantiene el tipo cuando en realidad está hecho unos zorros. Y al que presenta una imagen afable para disimular la indiferencia que siente por quienes le rodean. Y a quien trata a su pareja guardando ciertas formas, comiéndose las ganas de cruzarle la cara cada vez que contraría sus deseos.

El alcohol desinhibe. Eso es todo.

Nada más alejado de mis deseos que menospreciar los beneficios sociales que aportan las inhibiciones. Me parece de perlas que la gente borde -sea borde de la bordería que sea- haga un esfuerzo y se reprima.

Pero, en el caso del violento reprimido, ha de tenerse en cuenta que, aunque reprimido, sigue siendo violento y, por lo tanto, no sólo un peligro en potencia, sino también, muy fácilmente, en acto. Porque cuando impide que afloren y se desfoguen sus ansias de agresión física no acaba con ellas: las deriva por otros cauces, no necesariamente inocuos.

Hay una enorme cantidad de violencia machista que no se expresa a través de tortas, puñetazos y cuchilladas, sino de insultos, desconsideraciones y menosprecios, que no porque rara vez desemboquen en denuncias formales encierran menos capacidad para amargar la vida de quienes los sufren.

He conocido a lo largo de los años a bastante gente pacífica que, por muchas copas que se trague, sigue siendo pacífica. Plasta, pero pacífica. Y me ha tocado conocer también a no pocos de vena irascible que, por sobrios que se mantengan, no logran nunca ser pacíficos del todo.

Hay que combatir el alcoholismo. Pero tan importante como eso -más, en realidad- es educar a los niños en la igualdad y el respeto hacia todas las personas, sean del sexo, del color o de la nacionalidad que sean. Para que, si alguna vez se desinhiben, no saquen a relucir un fondo repulsivo.

Brindo por ello.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (22 de agosto de 2005) y El Mundo (24 de agosto de 2005). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 25 de julio de 2017.

El estreno de la película Ninette, dirigida por Garci sobre guión basado en la obra teatral Ninette y un señor de Murcia, de Miguel Mihura, ha puesto de actualidad dos viejos temas muy dados a la polémica: el de la relaciones de la literatura, de un lado, y del humor, del otro -o del mismo, según los casos-, con las posiciones ideológico-políticas de quienes se han dedicado o se dedican a tales menesteres.

La tesis según la cual la ideología de los autores «no tiene nada que ver» con el contenido de su obra es boba como ella sola. Toda ideología es deudora de una determinada concepción del mundo. Quien percibe la realidad de una manera concreta, habla, escribe o actúa, impepinablemente, a partir de esa visión, sea o no consciente de ello.

Ocurre -y ése es asunto muy otro- que luego la obra puede tener más o menos calidad, o carecer de ella por completo, con independencia de que su autor sea acérrimo defensor del orden establecido o desee con furia incontenible que muera Sansón con todos los filisteos. Hay ejemplos a puñados. Para lo primero, siempre me quedo con el de Quevedo, para no tener que referirme a ningún vivo: insoportable en su actitud política, genial con la pluma en ristre.

Otro punto de polémica: las ideas políticas y el humor. «La derecha no tiene sentido del humor», dicen algunos. Otra tontería. En rigor, la gente bien cuenta con muchos más motivos para reír que la perteneciente a la legión de los apurados. Después de una buena comida, con café y copa, cualquiera se siente mucho más dispuesto a imaginar situaciones divertidas y a fabricar juegos de palabras desopilantes que tras hacer cuentas y comprobar que no le llega para pagar el alquiler de la casa y el colegio de los niños. El maltratado por la vida puede tener un gran sentido del humor, sin duda, pero sus condiciones de existencia le empujan más bien hacia el humor negro (o cenizo, si hace al caso) y el sarcasmo.

Mihura perteneció a una generación de humoristas bien instalados -unos desde la cuna, otros con el paso del tiempo-, capaces de mostrar con desenfado tanto el lado más absurdo y disparatado de las situaciones como los dobles sentidos y equívocos del lenguaje. Junto a él, Muñoz Seca, Tono, López Rubio, Neville (republicano acomodaticio), y el desternillante Enrique Jardiel, a quien la fortuna acabó dándole la espalda, lo que no le hizo ninguna gracia («Si queréis los mayores elogios, moríos», llegó a escribir).

Todos ellos fueron o devinieron franquistas, por vocación o por interés. Nada más ridículo que pretender disfrazarlos ahora de demócratas clandestinos.

Lo que salva a esa generación de escritores y dramaturgos nada dramáticos, lo que la hace interesante, es que supo mirar la vida sin solemnidad, con ganas de burlarse de todo, incluida su propia sombra. Lo cual favorece mucho la simpatía. En todos los sentidos de la palabra.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (21 de agosto de 2005) y El Mundo (22 de agosto de 2005), salvo la nota inferior, publicada únicamente con el apunte. Hemos publicado aquí la versión del periódico. El apunte se titulaba Mihura, humorista de derechas. Subido a "Desde Jamaica" el 24 de julio de 2017.

------------------------------------------------------------------------

Escribe Haro Tecglen sobre el franquismo del autor de Tres sombreros de copa (ver «Mihura» en El País de ayer, página 69) y vuelve a insistir en su ya obsesivo argumento según el cual «una dictadura se distingue porque obliga, porque no da libertad de elección».

Haro recurre a esa idea con frecuencia, sea refiriéndose a otros, sea para justificar su propio pasado y explicar las loas a Franco y a José Antonio Primo de Rivera que escribió de joven.

No por mucho insistir en el argumento lo convertirá en convincente. Las dictaduras coartan la libertad de elección de las personas y trasforman en trágicas decisiones que no tendrían por qué serlo. Lo que no pueden, porque no está en su mano, es convertir en sumiso lameculos a quien se niega en redondo a ello. En la España de la posguerra, todo escritor antifranquista no encarcelado se vio en la obligación de elegir: o dedicarse a otro oficio para ganarse el pan, o tomar el camino del exilio... o someterse y ponerse del lado del régimen del caudillo victorioso. Sí había libertad de elección.

Siempre hay libertad de elección. Ocurre que a veces tener principios sale muy caro.

De los muchos abusos político-lingüísticos que acostumbran a cometer los políticos del establishment y sus periodistas de cámara, quizá el más irritante sea el que perpetran sin parar con el adjetivo «humanitario» en ristre.

Todo lo que ellos tocan se convierte en «humanitario». No sólo las presuntas ayudas que prestan son «humanitarias»; también lo son sus intervenciones militares, e incluso las desgracias que dicen combatir: llegan al absurdo de hablar de «catástrofes humanitarias».

Tanto Rodríguez Zapatero como Bono nos han dicho y repetido hasta el aburrimiento desde el pasado martes que la labor que cumplen las tropas españolas en Afganistán es «humanitaria». Mienten. Si así fuera, el Ejército español se dedicaría allí a auxiliar a la población local, contribuyendo a aliviar los daños causados por la guerra. Construiría hospitales, escuelas, carreteras... Pero no. Sus tareas son muy otras. Siguiendo las instrucciones impartidas por la gran potencia que desencadenó la guerra, realiza funciones de vigilancia y control destinadas a favorecer la celebración de un paripé electoral que dé una pátina de legalidad al correspondiente gobierno títere. Desempeña una función militar en pos de un objetivo político expansionista, que no tiene nada de «humanitario» y que lleva causadas en los últimos años infinitas más víctimas mortales que todos los atentados del terrorismo islámico juntos.

Mariano Rajoy se ha elevado contra la recurrente tendencia del Gobierno a calificar de «humanitaria» la misión de las tropas españolas en Afganistán. Dice que el empeño del Ejército español es estrictamente militar, y que no hay por qué ocultarlo. Estoy de acuerdo con él en lo primero: las tropas españolas están realizando una función estrictamente militar, desde luego. Pero se equivoca en lo segundo: quizá él no tuviera por qué ocultar nada -después de lo de Irak, para qué-, pero Rodríguez Zapatero sí. Sabe que no pocos de sus votantes se sentirían incómodos si les mostrara sin afeites el papel de comparsa que está haciendo su Gobierno en la materialización de los designios imperiales de Washington.

«Bajo mando de las Naciones Unidas», se justifican. No. Con el aval de las Naciones Unidas, sí. Pero el mando supremo nadie ignora dónde está.

Recordemos que también las Naciones Unidas dieron su respaldo a los Estados Unidos cuando, con Douglas MacArthur al frente -aquel enloquecido que quiso lanzar un ataque nuclear contra China-, se metieron de hoz y coz en la Guerra de Corea. Eso no hizo mejor la guerra. Ni tampoco a las Naciones Unidas.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (20 de agosto de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 24 de julio de 2017.

Algunos de mis conocidos no entienden que desconfíe por sistema de las versiones oficiales de los hechos.

Critican, por ejemplo, mi empeño en hablar siempre de «presuntos culpables», en tanto no se haya producido una sentencia firme e inapelable que establezca la efectiva culpabilidad del acusado. «Pero, si él mismo ha reconocido su participación en los hechos, ¿qué sentido tiene que no la des por segura?», me dicen. A lo que respondo que nunca es el propio detenido, sino algún otro -responsable policial o político, por lo común-, el que asegura que el arrestado ha admitido su culpabilidad. A lo cual añado que tampoco es raro que algunos detenidos admitan ante la policía los crímenes que les imputan, aunque no los hayan cometido, con tal de librarse del «hábil interrogatorio» que estaban padeciendo.

La mayoría de los ciudadanos incurre en el error de poner límites a la capacidad de mentir de quienes ostentan el poder. La experiencia está lejos de justificar su credulidad. Demuestra más bien todo lo contrario: con tal de librarse de responsabilidades o de apuntarse tantos, son capaces de decir -y lo que es peor, también de hacer- lo que sea. Hasta lo más inicuo.

La actuación del alto mando de Scotland Yard después de que sus agentes dieran muerte al ciudadano brasileño Jean Charles de Menezes el pasado 22 de julio avala esa afirmación, por dura que resulte. Ahora sabemos que toda la versión que ofreció el jefe de la policía británica, Ian Blair, fue una pura patraña. Y que además era consciente de que mentía: intentó por todos los medios que no se llevara a cabo una investigación independiente de lo ocurrido. En contra de lo que él afirmó para justificar la actuación homicida de sus agentes, De Menezes no vestía un abrigo abultado, sino una cazadora vaquera, no saltó la barrera de entrada en el Metro y no huyó de la policía. Fue detenido, inmovilizado contra el suelo y acribillado a tiros cuando no podía -y, por lo que dijeron los testigos, tampoco quería- ofrecer resistencia.

Encaramos aquí y ahora el trágico caso del helicóptero militar español que se estrelló el pasado martes en Afganistán. El ministro del ramo, José Bono, ha dado diversas explicaciones para inducir a la ciudadanía a pensar que fue un accidente. No le creo. Y con razón. Ya sabemos de un punto en el que ha faltado a la verdad: dijo que la población autóctona de Herat tiene una actitud amistosa hacia los soldados españoles, y no es así. Algunos habitantes de la zona llegaron incluso a recibirlos a pedradas. Puede que no sean simpatizantes de los talibán, sino gente que malvive del narcocultivo. A los efectos, tanto da.

Afronto este caso concreto aplicando mi planteamiento general: mientras lo único que sepamos de lo ocurrido sea lo que nos llega a través de la versión oficial, no sabremos nada a ciencia cierta.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (19 de agosto de 2005) y El Mundo (20 de agosto de 2005). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 24 de julio de 2017.

El pasado martes, el columnista de El País Hermann Tertsch escribía, a cuento de la retirada israelí de Gaza: "Independientemente de causas y efectos, la retirada de Gaza, su debate en el seno de la sociedad y del Parlamento de Israel demuestran, de forma nada paradójica, la grandeza de los ideales de este Estado en el momento de renunciar a lo que para muchos de sus ciudadanos era uno de sus principales valores. Todos los intentos de socavar el Estado y la democracia invocando "derechos históricos o bíblicos" han fracasado ante la firmeza de los defensores del sistema parlamentario. Y todo ello en el marco de una creciente efervescencia en todo el mundo islámico en el que el fanatismo antijudío y antioccidental intenta movilizar a las sociedades fracasadas contra las democráticas, libres y prósperas. Las sociedades europeas comienzan a ser conscientes de que tienen, como Israel, un enemigo mortal en su entorno y en su seno que no tiene otra reivindicación que negarles el derecho a la existencia en libertad y seguridad. Quizás ahora les sea más fácil valorar temores y esperanzas de un Estado que vive así desde su fundación. Y aplauda la gesta democrática que es, no ya la retirada en sí, sino el alarde de firmeza del Estado de derecho que la ha precedido".

Perdón por lo extenso de la cita, pero no he visto modo de abreviarla sin mutilar la posición de conjunto de este ex corresponsal reconvertido en opinante.

Tertsch es libre de admirar el sionismo ultra de Ariel Sharon. Allá cada cual con sus gustos. Su libertad no le ampara, sin embargo, cuando engaña a quienes le leen. Él sabe, y oculta, que lo que llama «la grandeza de los ideales del Estado de Israel» ha incluido desde sus inicios el supuesto derecho -inaceptable e inaceptado por las leyes internacionales- a ocupar por la fuerza territorios ajenos y colonizarlos. Sabe que la presencia de Israel no ya sólo en Gaza, sino también en Cisjordania y parte de Jerusalén, es ilegal. Es disparatado pretender que un Estado de Derecho pueda tener la ilegalidad como fundamento.

Supongo que Tertsch no se da cuenta de que, cuando habla de las sociedades que cuentan con «un enemigo mortal (...) que no tiene otra reivindicación que negarles el derecho a la existencia en libertad y seguridad», está definiendo con exacta propiedad lo que representa el sionismo israelí para la sociedad palestina. Porque es un hecho bien sabido que Israel niega el derecho de Palestina a existir en libertad y seguridad. Sólo está dispuesto a tolerarle una existencia parcial y bajo tutela.

Muchos conciudadanos nuestros ignoran hasta qué extremos llega el fanatismo sionista. El País publica hoy una crónica del desalojo de Gaza que, sin necesidad de cargar las tintas, limitándose a constatar hechos, ofrece un retrato del extremismo de la población israelí que los Sharon y compañía procuraron instalar en los territorios ocupados.

El desalojo de Gaza no es fruto de ninguna entrada en razón de los gobernantes israelíes, sino el resultado de una reflexión hecha calculadora en mano. Conceder tutela militar a menos de 10.000 colonos israelíes instalados en una zona habitada por más de un millón de palestinos constituía una sangría económica -no sólo económica, pero también y muy destacadamente económica- imposible de sostener a medio plazo. Sharon ha tomado la decisión de desalojar Gaza sabiendo que era lo que más convenía a sus intereses y confiando en que esa calculada medida fuera aprovechada por sus propagandistas para pintarlo como un hombre razonable y buscador de la paz. Que es lo que han hecho Tertsch y los muchos Tertsch que nos rodean, capaces de considerar a la vez, por ejemplo, que es inaceptable que Irán desarrolle un programa nuclear pero que, a cambio, resulta tranquilizador que Israel cuente con armamento nuclear.

Así se escribe la Historia.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (18 de agosto de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 18 de agosto de 2009.

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, propone que se incremente en un 20% el precio de las labores de tabaco. Según ella, un encarecimiento tan fuerte tendría efectos disuasorios para bastante gente, lo que reduciría la tasa de tabaquismo.

La puesta por las nubes del precio de la cajetilla sólo supondría un obstáculo de importancia para las personas con un nivel adquisitivo más precario. El resto rezongaría, como cuando se encarece la gasolina, pero seguiría comprando. Me pregunto si no será que la ministra, como socialista, se preocupa sobre todo por la salud de lo que el anterior jefe del Estado llamaba «nuestras clases menesterosas».

No creo, de todos modos, que Salgado vaya bien encaminada. Si su razonamiento fuera exacto, las Islas Canarias, donde las labores de tabaco tienen precios comparativamente irrisorios, contarían con una tasa de tabaquismo muy superior a la peninsular. Y no parece que sea el caso.

Llevo realmente mal algunas campañas propagandísticas -o directamente publicitarias- de las que acostumbran a emprender nuestras autoridades. La del tabaco es una. La que trata de promover la seguridad vial, otra.

La Dirección General de Tráfico realizó una predicción de la cifra de víctimas mortales que iba a registrarse durante el pasado puente: medio centenar, dijo. Dio en el mismo centro de la diana. Y no porque acertara de churro, sino porque apuntó bien. Consideró un conjunto de factores que sabía que iban a ser decisivos: el estado de las vías de circulación, las características del parque automovilístico, las condiciones meteorológicas previstas, la cantidad de desplazamientos -largos y cortos- propios de estas fechas, etcétera. A partir de todo lo cual, hizo sus cuentas. Unas cuentas en las que los llamados «fallos humanos» no figuraban como eventualidad aleatoria, sino como dato fijo: sabe muy bien qué porcentaje global de distracciones e imprudencias cabe esperar.

Lo cual quiere decir que la DGT tiene perfecta conciencia de la inutilidad de las campañas publicitarias que lanza apelando a la sensatez de quienes conducen. Que las difunde con el mismo espíritu ponciopilatesco que anima a otras autoridades a forzar la inclusión en las cajetillas de tabaco de muy severas advertencias sobre los enormes peligros que encierra la mercancía cuyo comercio ellas mismas avalan. Y es que la DGT es, a fin de cuentas, parte del mismo Estado que da toda suerte de facilidades a los fabricantes de unos automóviles que son capaces de correr a más del doble (!) de la velocidad máxima permitida y en cuya televisión de pago -porque es de pago, vía impuestos- se exhiben constantes reclamos publicitarios en los que conducir a toda pastilla se presenta impúdicamente como un valor.

Lanzan advertencias hipócritas. Hechas para que no se diga.

Y lo logran, porque apenas nadie dice nada, y ellos hasta quedan bien.

Javier Ortiz. El Mundo (17 de agosto de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 6 de mayo de 2018.

¿17 héroes?

Veamos. Las posibilidades, a la hora de ahora, son las siguientes:

1ª) El helicóptero sufrió una avería y se fue abajo.

2ª) El piloto cometió un error fatal. Y

3ª) El aparato fue derribado por la guerrilla talibán.

No veo que ninguna de esas eventualidades pueda ser tomada como un acto de heroísmo. En cualquiera de las tres, los soldados españoles resultaron víctimas de una situación que no habían elegido. El heroísmo, por definición, requiere una opción, un «esfuerzo eminente de la voluntad hecho con abnegación», según el DRAE. La muerte de los 17 militares españoles no fue resultado de ninguna elección. En consecuencia, no hace al caso hablar de heroísmo.

Bien cabe considerar, es cierto, que su heroísmo fue previo. Que su decisión heroica fue ir a Afganistán. Pero esa resolución no la tomaron ellos, sino sus mandos, instruidos a tal efecto por el Gobierno. En último término, habría que considerar que su «esfuerzo eminente de la voluntad hecho con abnegación» consistió en optar por la milicia como modo de ganarse la vida o de satisfacer una vocación específica, y no renunciar a ello al afrontar la posibilidad de correr un riesgo real.

La diferencia esencial que hay entre las tres posibilidades que he enunciado al comienzo de estas líneas estriba en que las dos primeras podrían haberse producido en cualquier otro lugar del mundo, incluida la propia España, en tanto que la tercera sólo es posible, en principio, en una situación de guerra.

Lo que nos remite de manera inexorable a evaluar qué hace el ejército español en Afganistán.

«Las tropas españolas están bajo el mando de las Naciones Unidas», se dice. Y es cierto. Pero hay decenas de estados que forman parte de la ONU y no han enviado soldados a Afganistán.

«Cumplen una misión humanitaria», añaden. Eso no es exacto. No los han mandado allí porque ese país requiera ayuda humanitaria con particular urgencia. En el mundo hay muchos países que reclaman ayuda, incluso más perentoria, y el Gobierno español no manda a sus Fuerzas Armadas para auxiliarlos.

«Están tratando de ayudar a crear un Estado democrático y libre», subrayan. ¿Quién se cree realmente que lo que saldrá de las próximas elecciones será un Estado democrático y libre? Los apoyos locales que consiguió Washington para desencadenar la guerra y derrocar a los talibán (*) no tienen ningún apego ni a la libertad ni a la democracia. RAWA, la organización revolucionaria de mujeres afganas, dice que los actuales gobernantes son «talibán sin barba». Los diferencia, amén de su reaccionarismo menos rígido -por más corrupto, en buena medida-, su servilismo ante los intereses norteamericanos. Mientras manden los sátrapas salidos de la Alianza Norte y de la Loya Jirga (Gran Consejo) reunida en junio de 2002, el pueblo de Afganistán -y sobre todo sus mujeres- tiene ante sí un panorama desolador, como todos los que han sufrido desde tiempo ya inmemorial.

«Se trata de evitar que Afganistán vuelva a servir de base a los jefes del terrorismo islamista y de demostrar que España respalda la determinación de la comunidad internacional de perseguirlos donde sea y cueste lo que cueste», concluyen. Este argumento quedaría más sincero si dijera: «...y de demostrar que España respalda la determinación de los EEUU, que han sido capaces de poner a su servicio en este caso a la llamada "comunidad internacional"...». Porque ésa es la verdad. No fueron la ONU, sino Washington, quien decidió crear la actual situación de hecho. Los demás se han avenido a ello.

Éste es un planteamiento algo menos ilusorio que los anteriores, sin duda, pero también engañoso: desde que los EEUU capitanearon el derrocamiento de los talibán y la instauración del nuevo régimen, el terrorismo asimilado a Al Qaeda ha aumentado su presencia y sus acciones en el Primer Mundo.

Lo único que sí ha conseguido «la comunidad internacional» es que se haya concretado algo más la ambición norteamericana de controlar toda el área que va desde la frontera afgana con China hasta Líbano e Israel, a orillas del Mediterráneo.

Lo he dicho otras veces y lo repito: ahora el obstáculo que le queda por superar a Washington es Irán.

Entretanto, 17 soldados españoles han muerto para que las piezas blancas de ese ajedrez estén donde conviene para la preparación del jaque mate.

(*) Talibán o talebán es el plural de la palabra persa telebeh, que puede traducirse como «buscador de la verdad».

Nota.- La columna que me publica hoy El Mundo («Advertencias hipócritas») no ha aparecido nunca como tal en estos Apuntes. Pese a lo cual, he optado por no incluirla en ellos porque retoma varios argumentos que ya he manejado aquí en otras ocasiones, incluso recientes. Habían aparecido en los Apuntes, pero no en el periódico, y he considerado que podía valer la pena exponerlos al «gran público».

Javier Ortiz. Apuntes del natural (17 de agosto de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 21 de julio de 2017.

No todo el mundo, pero casi, considera que las fuerzas políticas y sociales con peso en Euskadi -excepción hecha del PP- están en una disposición de ánimo favorable al establecimiento de fórmulas que permitan afrontar dos veteranas necesidades de la sociedad vasca: el fin de la violencia de ETA y la normalización de la actividad política.

Casi todo el mundo está de acuerdo en ello, sí, pero me da que más por el tan traído y llevado asunto del talante que porque se hayan dado pasos reales en la dirección apuntada. Es cierto que la incomunicación -que, de todos modos, siempre ha sido menos absoluta de lo que se pretendía- se ha visto sustituida por diversos cauces de contacto, pero conviene no olvidar que una cosa es hablar y otra llegar a algo.

De momento no hay verdadero diálogo. Digamos más bien que se están produciendo reuniones en las que las dos partes asistentes intercambian monólogos.

La existencia de un deseo general y abstracto de entendimiento no tiene por qué traducirse de manera automática -y de hecho no se está traduciendo- en una voluntad efectiva y práctica de limar en lo necesario las aristas de las propias posiciones para facilitar que las otras partes implicadas en el conflicto puedan dar, ellas también, pasos concretos hacia adelante.

Todo el asunto de la manifestación del pasado domingo en Donostia es una demostración de lo poco que se ha avanzado en la práctica por la vía de las salidas negociadas.

No pongo ni por un momento en duda el derecho de la izquierda abertzale a manifestarse en la calle para que se oigan sus posiciones y se vea el respaldo con el que cuentan. Es el suyo un derecho fundamental que nadie puede negarle. Podrán ponerle determinadas condiciones que regulen su ejercicio, siempre que sean razonables, pero no negárselo.

Tampoco discuto que la Consejería vasca de Interior pueda alegar que está obligada a acatar y llevar a la práctica las resoluciones judiciales, incluso aunque le parezcan injustas, porque la policía no está para discutir con los jueces, sino para obedecer sus órdenes.

Puesto a reconocer, reconozco incluso el derecho del PSE a jalear al TSJPV y a Balza, reclamando que la manifestación fuera prohibida y, en su caso, disuelta por la fuerza.

Todos pueden apelar a razones de mayor o menor peso para obrar como lo han hecho. No quiero entrar aquí a discutirlas. Me limito a decir que no es buena idea dedicarse a colocar trenes que circulen a toda velocidad en dirección opuesta por la misma vía. Y que es eso lo que han hecho todos.

De modo que se habla de diálogo, de entendimiento, de búsqueda de soluciones, etcétera, etcétera (lo cual está muy bien), pero de momento lo único concreto que se hace es ahondar en las diferencias y añadir nuevos motivos de crispación y de desencuentro.

No veo que ninguno esté dando pruebas de haber comprendido que el acuerdo no puede consistir en que los demás se avengan a las posiciones de uno.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (16 de agosto de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 21 de julio de 2017.

Los jefes de las patronales españolas -empezando por el inefable Cuevas- se quejan sin parar de «la rigidez» del mercado de trabajo local y reclaman, día sí día también, que se tome ejemplo de «la flexibilidad» existente en «los países de nuestro entorno».

Para mí que cuando hablan de «nuestro entorno» están pensando sobre todo en Marruecos. Pero ellos lo niegan y dicen que, por el contrario, envidian las legislaciones como la danesa, que otorga una considerable flexibilidad a la hora de la contratación y el despido.

El llamado «ejemplo danés» tiene trampa, por supuesto. Quienes lo propugnan por aquí se fijan sólo en la parte de la realidad danesa que les conviene, dejando de lado el resto. Pero es que el resto es fundamental.

Ocurre con esto como con todo. Si uno se pone a elaborar una Constitución tomando de cada carta magna europea sus aspectos más reaccionarios, le puede salir un texto que resulte poco menos que fascista. Pero si, por el contrario, hace recolección de los aspectos más progresistas de las unas y las otras, a buen seguro que le quedará una Constitución de lo más avanzada. Sin salirse en ninguno de los dos casos «de nuestro entorno».

La flexibilidad danesa en materia de contratación y despido debe ser encuadrada dentro de un contexto de muy amplia protección social y de intervención dinamizadora del Estado en la creación de empleo.

Leo en un trabajo realizado en Francia por el Centro de Estudios sobre el Empleo (CEE) que en Dinamarca «la noción de precariedad carece de sentido». Todo parado danés que haya trabajado 52 semanas en los tres años anteriores a la pérdida de su empleo tiene derecho a percibir el subsidio de paro durante cuatro años. Ese subsidio se eleva al 90% del sueldo que percibía, si éste era menor a 27.000 euros (4 millones y medio de pesetas). El porcentaje desciende según aumenta el sueldo que se ha dejado de cobrar, bajando a un 50% si se trata de sueldos superiores a los 8 millones de pesetas. Transcurrido el plazo de cobro del subsidio, en caso de que el parado no haya encontrado empleo, el Estado le asegura lo que la publicación del CEE define como «un generoso apoyo de larga duración».

Se trata, lógicamente, de un sistema costoso. Dinamarca gasta un 10% de su PIB en subsidios de paro y en medidas de fomento del empleo.

Teniendo en cuenta lo cual, ¿de veras están dispuestos Cuevas y los suyos a respaldar la implantación en España del modelo danés?

Javier Ortiz. Apuntes del natural (15 de agosto de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 12 de agosto de 2009.

Dando rango general a su respuesta frente a lo sucedido en Roquetas de Mar, Rodríguez Zapatero afirmó anteayer, como días antes su vicepresidenta primera y su ministro del Interior, que el Gobierno mantiene ante la tortura una posición tajante: «tolerancia cero».

Sería muy digno de encomio si fuera verdad. Pero es falso.

Imagino que Rodríguez Zapatero sabe que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, el jurista holandés Theo van Boven, ha emitido diversos informes sobre España, que han sido presentados ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En esos informes, realizados tras estudiar la situación sobre el terreno, Van Boven afirma que en España la tortura no es sistemática, pero sí «más que esporádica e incidental». De cara a corregir tal situación, el Relator Especial propuso al Gobierno de España la adopción de un cierto número de medidas, entre las que incluía la obligación de grabar en vídeo todos los interrogatorios de los detenidos y el derecho de éstos a solicitar la presencia de un abogado, a contar con un médico de su elección y a informar de su detención a una tercera persona. Desde entonces, Van Boven ha constatado que las autoridades españolas no dan la menor muestra de disponerse a aplicar sus recomendaciones.

Rodríguez Zapatero tiene que saber también que Amnistía Internacional (AI) se queja año tras año de la tendencia de los gobernantes españoles «a rechazar las denuncias sin investigarlas». AI también ha formulado recomendaciones, muy similares a las de Van Boven. Con idéntico resultado.

Supongo que el presidente del Gobierno tampoco ignora que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -en sentencia referida a un caso concreto, como es lógico- condenó al Estado español por «no llevar una investigación exhaustiva y efectiva sobre las denuncias» de torturas y malos tratos.

Sabrá Rodríguez Zapatero también, digo yo, que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CET) se ha expresado en términos muy similares a los anteriores, quejándose de la «sostenida ausencia de salvaguardas fundamentales que protejan de los malos tratos a las personas detenidas» en España. El CET ha denunciado, además, la «inadmisible falta de cooperación» de los gobernantes españoles con su labor, pese a tener la obligación de facilitarla.

El presidente del Gobierno tiene que estar al tanto de todo esto, y no creo que piense que son meras fábulas urdidas por «la anti-España». Entonces, ¿de qué tolerancia cero habla? Si realmente tuviera la voluntad de poner coto definitivo a la tortura ordenaría que se investiguen a fondo las denuncias y reformaría las leyes que regulan el régimen de detención, de acuerdo con las propuestas de los organismos de Derechos Humanos.

Mientras no lo haga, mejor será que hable de tolerancia cinco, diez o veinte. Pero no cero.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (14 de agosto de 2005) y El Mundo (15 de agosto de 2005). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 19 de julio de 2017.