Me sugiere un lector que repase el Diario de Sesiones del Senado de fecha 18 de junio de 2003 para leer la trascripción de una pregunta formulada por un senador de CiU, Doménec Sesmillo, al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana. Acudo a la web del Senado y allí me encuentro con el asunto. La pregunta pone de manifiesto que el 25 de abril de 2002 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia por la que obligaba al Gobierno central a traspasar a la Generalitat de Catalunya antes del 31 de diciembre de ese mismo año la formación profesional continua. Zaplana contesta que el Gobierno cumple todas las sentencias, pero que en este caso choca con el problema de que no hay un programa de formación continua para los próximos ejercicios porque el asunto está sobre la mesa de negociación.
Extraña respuesta, ciertamente, porque equivale a decir que el Gobierno está negociando la aplicación de la sentencia, y que por eso no la ha cumplido. ¿Dónde queda entonces la firme doctrina de Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas según la cual «las sentencias no se negocian; se cumplen» porque «las sentencias sólo se negocian en las repúblicas bananeras»?
Para estas gentes, vale cada cosa y su contrario, según les convenga lo uno o lo otro.
Dicen cualquier cosa, y a correr.
Vayamos a otra cosa que revela parecida hipocresía.
Hay general acuerdo en que la actitud política adoptada por los diputados regionales Tamayo y Sáez es, como poco, altamente sospechosa. A decir verdad, su actuación es totalmente incomprensible sin la existencia de intereses inconfesables.
Pero, cuando se pone de vuelta y media a ambos renegados, se mezclan -me temo que deliberadamente- dos asuntos diferentes.
Uno, muy concreto, es que su comportamiento tenga la peor de las pintas y otro, mucho más general, es que se considere intolerable que un diputado rompa la disciplina de voto del grupo parlamentario al que pertenece. Porque con ello se da a entender que los escaños son del partido que ha presentado las candidaturas y no de los electos, individualmente considerados.*
Los que apuntan en esa dirección hacen como si no recordaran que la Constitución Española prohíbe el voto imperativo y, por ello mismo, la imposición de cualquier disciplina de voto. Por ley, cada diputado decide por sí mismo lo que vota. Teóricamente, claro.
Tal cosa no tiene en sí misma nada de especial. De hecho, es corriente en bastantes democracias, algunas con tanta tradición y arraigo como la británica y la francesa. Son estados cuyos sistemas electorales obligan a todos y cada uno de los candidatos a pelearse los votos personalmente, de modo que, si salen elegidos, no le deben el escaño al favor del partido, sino también, y sobre todo, al apoyo del electorado de sus circunscripciones correspondientes.
La trampa del sistema español estriba en que, de un lado, establece que las candidaturas sean cerradas y bloqueadas, lo que otorga un poder inmenso a los aparatos partidistas... y acaba por transformar a los diputados en marionetas. Pero, por otro, al dar a los diputados libertad formal de voto, deja la puerta abierta a espantás de valor político y económico muy alto (no incalculable, porque las dos partes, la que compra y la comprada, se encargan de calcularla con mucho cuidado).
¿No son conscientes de esta realidad las direcciones de los grandes partidos? Claro que lo son. Pero no quieren ni plantearse la posibilidad de reformar una legislación -empezando por la propia Constitución, contradictoria en éste como en tantos otros aspectos- que asegura el dominio que sus burocracias respectivas ejercen sobre la vida política española.
De modo que prefieren fingir y echarse las manos a la cabeza cuando suceden cosas así, como si se tratara de meras perversiones individuales. Son perversiones individuales, por supuesto, pero asoman por las grietas que ellos mismos dejaron en el edificio.
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* El razonamiento sigue este recorrido no explícito, pero sí insinuado constantemente: «A esos mendas no los conoce ni dios; si se presentaran a las elecciones por su cuenta, no los vota ni su padre; el partido los mete en la lista, les financia la campaña, les pone por delante a unos líderes importantes, que son los que realmente se curran la cosa... Lo menos que pueden hacer, una vez elegidos, es mostrar su agradecimiento actuando con disciplina».
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (25 de junio de 2003). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de junio de 2017.
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