Los máximos dirigentes del Partido Popular están muy preocupados porque, por culpa de Rodríguez Zapatero, el Estado español corre el grave peligro de convertirse en «residual». Les inquieta -dicen- la persistente transferencia de competencias de la Administración central a las comunidades autónomas, que vendría dada por la necesidad en que se encuentra el Gobierno socialista de recompensar determinados respaldos parlamentarios y que estaría dejando al Estado sin capacidad para controlar y encauzar de manera efectiva los asuntos de España, considerada en su conjunto.
¿Está perdiendo poder el Estado español? No seré yo quien lo discuta.
Lo pierde de manera constante, en efecto, en dos direcciones.
En primer lugar, ha ido delegando buena parte de sus principales atribuciones a los organismos rectores de la Unión Europea. Hay resortes de poder cuyo control es definitorio de los estados soberanos y que España ha cedido en muy buena medida -y sigue cediendo más y más- a la UE: moneda, fronteras, Defensa, política exterior...
En segundo término, el Estado español ha perdido parcelas muy importantes de su capacidad de intervención sobre la realidad social y de orientación del rumbo de los destinos de nuestra colectividad en razón de su sometimiento a los dictados generales del neoliberalismo, que promueven la conversión creciente y sistemática de las propiedades y poderes públicos en parcelas controladas por el capital privado. Por un capital privado que con frecuencia es trasnacional y, por ello mismo, ajeno a cualquier interés estratégico que escape a la lógica del beneficio de los propietarios y gestores de las empresas beneficiarias de las privatizaciones.
En esos dos sentidos sí puede decirse que el Estado español va haciéndose más y más «residual». Pero por ninguna de esas dos tendencias, bien marcadas, ha mostrado el PP la más mínima preocupación. Al contrario: recuérdese el fervor con el que ha defendido muy recientemente, por cutres criterios de politiquería cateta, el pase de buena parte del sector eléctrico español a manos de una multinacional con sede en Alemania.
Lo único que inquieta al PP es que el Gobierno central pierda competencias en beneficio de las administraciones autónomas. Ahora bien: esa trasferencia de atribuciones sólo puede tomarla como un debilitamiento del Estado alguien que identifique al Estado con la Administración central. Porque lo cierto es que las comunidades autónomas son parte del aparato del Estado.
El PP confunde su concepción del Estado, irremisiblemente centralista, con el Estado mismo. No quiere entender que un Estado federal, cuyo poder unitario nace de la conjunción de los intereses de las partes que lo integran, es tan Estado como cualquier otro. Y, en determinadas condiciones, mejor que cualquier otro.
Javier Ortiz. El Mundo (11 de diciembre de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: ¿Hacia un Estado «residual»? Subido a "Desde Jamaica" el 19 de junio de 2018.
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