Desde Jamaica

El Gobierno de Bush trata de dotar de base justificatoria su plan de «ataque preventivo» contra Irak, y la opinión pública europea discute animadamente sobre la validez de las supuestas pruebas aportadas por Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Es un error.

No digo que carezca de sentido poner las prácticas probatorias de los EE.UU. en el lugar que se han ganado a pulso con el paso del tiempo. Por supuesto que vale la pena recordar, por ejemplo, la destrucción de la empresa Shifa en Jartum (Sudán), llevada a cabo con misiles Tomahawk el 20 de agosto de 1998. Fue un acto de guerra que la Administración norteamericana justificó con pruebas «irrefutables» que «demostraban» que se trataba de una fábrica de armas químicas construida con dinero de Bin Laden. No tardó en aclararse que lo que habían reducido a escombros era una fábrica de productos farmacéuticos que colaboraba con las Naciones Unidas y en la que trabajaban numerosos cooperantes occidentales. La única fábrica de medicamentos con la que contaba Sudán.

Conviene recordar -claro que sí- que ese género de «errores» son comunes en las prácticas bélicas norteamericanas. Que con «pruebas» no menos «irrefutables» la USAF bombardeó hace no tanto dos almacenes de la Cruz Roja y diversas áreas civiles en Afganistán, y que hasta llegó a confundir con una partida de guerrilleros lo que en realidad era el cortejo de una boda.

Pero eso, con ser de gran interés, no remite al verdadero fondo del problema. Antes de polemizar sobre la mayor, menor o nula validez de las sedicentes pruebas esgrimidas por Powell, lo que hay que plantearse es qué fundamento tiene la idea previa de la que parte la posición estadounidense, a saber: la de la legitimidad de un «ataque preventivo».

La legalidad internacional reconoce a los estados el derecho a la legítima defensa. Lo que no admite es el recurso a la fuerza amparado en peligros hipotéticos de agresión, no concretados en ningún proyecto militar. Porque, de admitir tal cosa, estaría aprobando que cualquier Estado inquieto por la animosidad de otro pudiera optar por atacarlo, por si acaso. Con lo cual tendría que dar por buenas las declaraciones que hizo el pasado miércoles el ministro norcoreano de Exteriores, quien reclamó el derecho de su país a lanzar un «ataque preventivo» contra los Estados Unidos, dadas las inequívocas amenazas que ha recibido de Washington.

Pero Bush no reclama ningún cambio en los principios generales del Derecho internacional. Lo que está exigiendo es que ese Derecho valga para los demás países, pero no para el suyo. En este caso como en tantos otros: desde Kioto hasta la Corte Penal de Roma, pasando por las minas antipersonales, la conferencia sobre el racismo, la tortura, las armas biológicas, los subsidios agrícolas... Acabo de leer el nuevo nombre que le han dado a eso: lo llaman «legalidad internacional de geometría variable».

Antes lo llamaban «ley del embudo». Era como más basto.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social y El Mundo (8 de febrero de 2003). Subido a "Desde Jamaica" el 22 de febrero de 2017.