El ministro del Interior no oculta su satisfacción (su autosatisfacción) por el buen funcionamiento del dispositivo policial que puso en marcha para afrontar la Cumbre de Sevilla y las manifestaciones populares subsiguientes.
El señor Rajoy se felicita calurosamente por los resultados obtenidos, pero se abstiene de pormenorizar los medios de los que se ha servido para lograrlos.
En Portugal se ha hablado bastante de algunos de ellos. Han tenido la oportunidad de contemplarlos por televisión. Los noticiarios lusos han mostrado cómo el pasado día 22 la Guardia Civil detuvo en el puesto de Rosal de la Frontera a varios autobuses que iban a la manifestación de Sevilla, cómo obligaron de mala manera a sus ocupantes a dar vuelta atrás y cómo zarandearon violentamente a dos diputados del Parlamento de Lisboa que pedían explicaciones a los agentes españoles por su inaudito comportamiento.
Es una pena que ningún canal de televisión de España haya considerado de interés la emisión de esas imágenes. A mí me han parecido muy impactantes, literalmente hablando.
Un incidente similar se produjo tres horas después en Villanueva del Fresno.
«Se actuó conforme a las posibilidades de la normativa europea de Schengen», alegó Piqué.
No es verdad. A lo que autoriza el apartado 2 del artículo 2º del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen es a que, cuando se produzcan problemas de seguridad nacional, las autoridades de un Estado miembro puedan solicitar de la UE (y obtener) el restablecimiento del control policial de sus pasos fronterizos, de cara a identificar a las personas que los transiten.
En la frontera hipano-lusa no hubo aquel día nada de eso. La Guardia Civil no movió ni un dedo para identificar a nadie. A los que tenían aspecto de turistas, los dejaba pasar sin el menor control, y a los que acudían en autobuses con banderolas, los echaba para atrás en masa, sin el menor distingo. Nuno Sá Lourenço, periodista del diario Público, de Lisboa, contó en su crónica del lunes cómo, cuando se presentó en la frontera de Caia (Badajoz) y comentó a la Guardia Civil que iba a Sevilla para informar sobre la manifestación, le cerraron el paso agresivamente. Hubo de entrar en España por otra frontera... haciéndose pasar por turista.
¿Seguridad nacional? ¿Qué tiene que ver todo esto con la seguridad nacional? Estamos hablando de la asistencia a un acto legal de ciudadanos pertenecientes a nuestro mismo espacio de derechos y libertades. Si Interior tenía algún motivo especial para temer algo de esos manifestantes concretos, ¿por qué no ordenó que fueran debidamente identificados, y registrados los autobuses en los que viajaban?
Fue un acto de intimidación chulesca que probablemente sólo se explica por la frontera en la que se produjo.
Porque, la verdad: no veo yo a la policía española zarandeando a diputados franceses.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (28 de junio de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 1 de mayo de 2017.
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