Desde Jamaica

Iba de justo, mi colombroño. Antes de que lo nombraran fiscal general del Estado, repartía más rayos justicieros que el propio Zeus Páter. ¡Se iban a enterar todos ésos: los del crimen de Estado, los de la cal viva, los de los fondos reservados, los de las comisiones supermillonarias! ¡Con él llegaba la Justicia, pura, entera y verdadera!

Tomó posesión del cargo -así suelen decirlo: se ve que aquí se reparten los cargos en propiedad- y, poco a poco, fue entendiendo el lenguaje de la Razón de Estado. Ya lo habla, a lo que se ve, con mucha soltura.

Esa es la diferencia insalvable que hay entre los leguleyos prêt à porter y los fiscales de la Audiencia Nacional a quienes Juan Ortiz Urculo abrió ayer no sé cuántos expedientes disciplinarios: ellos no hablan el lenguaje convenido de la Razón de Estado.

Así les va. Porque, cuando un juez o un fiscal es bueno, se inclina convenientemente y dice amén a quien manda, conformándose con aplacar su sed de justicia a costa de cualquier miserable de mierda que se le siente en el banquillo, da igual qué barbaridades haga. O lo que cobre. O de quién cobre. ¿Que un bufete de postín le paga un millón al mes por dar presuntas conferencias de las que nadie ha tenido noticia concreta jamás? Es igual: nadie es perfecto. Pero que no meta el dedo en el ojo de algún capitoste y se empeñe en que si ha delinquido tiene que ir a la cárcel, por muy importante que sea. De ser así, se le investigará hasta el ultimísimo céntimo, y se mirará con lupa cada papel que firme -no sea que haya olvidado apuntar el número de registro: crimen horrendo-, y se sacarán a la luz sus amores y sus desamores, jo, qué risa, y si tiene hermanos, pues hermanos, y si no sobrinos.

¿Que querían «manos limpias» a la española? Pues ya está: que vayan mirándose en el espejo de Di Pietro.

Ignacio Gordillo habló con Iñigo Iruin. Está claro que es intolerable. María Dolores Márquez no pasó un informe perfectamente redundante al juez. Habráse visto, la muy. Eduardo Fungairiño dice que eso es normal. Por pura complicidad, claro. Pedro Rubira se empeñó en no pedir la libertad de Enrique Rodríguez Galindo, cuando todo el mundo sabía que el pobre general jamás interferiría en la investigación amedrentando a los testigos.

Es evidente que el fiscal general del Estado no podía tolerar tanto desmán. Estaba obligado a abrirles expedientes en masa.

¿Qué ha pretendido Juan Ortiz Urculo? ¿Dificultar alguna de las acciones concretas en las que están comprometidos estos fiscales? ¿O apunta más en general, tratando de evitar que haya otros miembros de la fiscalía que se animen y metan la nariz donde no les llaman?

Lo peor de todo es que creerá que, como también ha echado al fiscal jefe Aranda, felipista de pro, ha sido de lo más ecuánime. Como si la injusticia pudiera compensarse de algún modo.

Javier Ortiz. El Mundo (11 de diciembre de 1996). Subido a "Desde Jamaica" el 16 de diciembre de 2012.