Desde Jamaica

Según las pruebas de ADN efectuadas a los familiares de los militares muertos hace un año en Turquía tras accidentarse el Yak-42 en el que regresaban de Afganistán, fueron erróneas 22 de las 39 identificaciones de cadáveres que avaló el Ministerio de Defensa español. Los afectados han reclamado que el exministro Federico Trillo devuelva su acta de diputado y abandone la actividad política, y que los altos militares responsables de la falsa identificación sean llevados ante los tribunales de Justicia.

Estoy de acuerdo.

Se dice a veces de algunos países de la vieja Europa que cuentan con «una larga tradición democrática». En más de una ocasión nos hemos quejado -yo lo he hecho- de que España lleve un gran retraso en ese camino.

Para contar con una larga tradición democrática hace falta, para empezar -y por definición-, tiempo. Pero no sólo. Se requiere también que ese tiempo no transcurra en balde. Que vaya dejando un poso de exigencias, de normas de conducta escritas y no escritas que permitan a la ciudadanía diferenciar sin sombra de duda lo decente de lo indecente y lo tolerable de lo intolerable.

Siento por las víctimas del Yak-42 el mismo respeto que por los fallecidos en cualquier otro desgraciado accidente. Soy contrario a la presencia de tropas españolas en Afganistán y a la mayoría de las supuestas «misiones humanitarias» del Ejército, que con frecuencia -y más allá de la voluntad de sus protagonistas- encubren inaceptables labores de ampliación y afianzamiento del «Nuevo Orden Mundial» made in Washington. Pero me da igual, a estos efectos. De lo que se trata en este caso no es de que sea inaceptable lo que han hecho con estos militares y con sus familias, en concreto. Sería indecente que lo hubieran hecho con quien fuera y en las circunstancias en que fuera. Si se han saltado la legalidad a la torera, han firmado certificados falsos y han mentido a la ciudadanía que les abona el sueldo, deben pagar por sus desafueros. No sólo para que ellos expíen su culpa, sino también para que todos los que ejercen el poder vayan asumiendo que las sociedades llamadas libres y democráticas suelen ser con mucha frecuencia injustas, pero a veces no, y entonces puede suceder que el que la ha hecho la pague.

Si se demuestra que Trillo trató de obstruir la investigación, hay que exigirle que abandone la actividad política. Y si se establece que varios altos oficiales del Ejército falsificaron documentos para echar tierra sobre el asunto, hay que conseguir que carguen con su culpa.

Así, poco a poco, se irá consiguiendo que aquellos que mandan se den cuenta de que no siempre se puede hacer lo que sea. Porque, aunque no resulte frecuente, a veces se les pilla.

En ese santo temor a la excepción justiciera se asientan las «largas tradiciones democráticas».

Javier Ortiz. El Mundo (26 de junio de 2004). Subido a "Desde Jamaica" el 21 de abril de 2018.