He pasado la mitad de mi vida discutiendo las tópicas virtudes esenciales de la Transición española: que si «el papel providencial» de la Corona, que si «la ejemplar contención» de las Fuerzas Armadas, que si «el realismo y la mesura» de la oposición democrática... Renuncio a seguir debatiendo sobre ello: quede la tarea para los historiadores. Espero a cambio que se me admita por lo menos la posibilidad de que determinadas convenciones políticas que tal vez pudieron ser necesarias hace años -yo sigo pensando que no, pero da igual- merezcan hoy en día una menor veneración.
El consenso, por ejemplo.
Venimos arrastrando desde 1976 el lugar común de que el consenso es lo mejor. Que no hay nada como que los partidos se pongan de acuerdo. En todo, a poder ser.
Es un criterio peligrosamente antidemocrático.
En toda sociedad libre y plural conviven diferentes realidades sociales, de las que se derivan intereses contrapuestos e ideologías divergentes, que expresan el modo en el que cada tendencia considera que debería organizarse el conjunto. Nadie tiene por qué renunciar a sus ideas para hacerlas más parecidas a las del resto. Al contrario, cada cual debe defender su propia concepción de la vida colectiva y contraponerla -de manera pacífica, por supuesto- a las otras.
Luego va y se vota. Y el que gana, tira para adelante con su proyecto, respetando al máximo las posiciones minoritarias, pero sin amoldarse a ellas.
Aquí no funcionamos así. Aquí se parte de que lo bueno es que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo, para que no haya una verdadera alternativa entre opciones contrapuestas, sino una receta única de aplicación obligatoria. Y al que defienda otra cosa, que le den viento fresco.
Tómese el caso de la actual polémica sobre la reforma de los estatutos de autonomía. Por las razones que sea -y con todas las vacilaciones que sea-, Zapatero se ha inclinado por un modelo de reformas a la carta, que aporte soluciones concretas a los problemas específicos de cada comunidad autónoma. No tiene nada de inconstitucional. Al contrario: la Constitución consagra la existencia de diferentes colectividades territoriales («nacionalidades y regiones») y prevé que unas y otras puedan disfrutar de diversos grados de autonomía. Al PP eso le parece mal y prefiere que el poder central fije de antemano los límites («el techo competencial») y que sólo luego se desarrolle el debate en cada comunidad autónoma. Pues vale: es su planteamiento.
Pero no: ya está el patio resonante de voces que exigen a ambos que alcancen un consenso. El maldito consenso. ¿Cómo puede haber consenso, si se trata de dos modelos contradictorios?
Fácilmente: renunciando el PSOE al suyo.
Que es en lo que acaban siempre los consensos en España: haciendo todos lo que impone la derecha.
Javier Ortiz. El Mundo (26 de mayo de 2004). Subido a "Desde Jamaica" el 21 de abril de 2018.
Comentar