Desde Jamaica

Pongamos que el invento sirve para las dos posibilidades que sugiere: terrorismito es diminutivo de terrorismo, y también contracción de dos sustantivos: terrorismo y mito.

El Gobierno, con la anuencia del PSOE, ha creado el Juzgado Central de Menores, o sea, otro Juzgado más de la Audiencia Nacional, éste encargado de la represión de la kale borroka, que pasa a ser considerada una forma más de terrorismo. Lo cual está en sintonía con la reforma del Código Penal recientemente aprobada.

El conjunto de estas decisiones me resulta, a la vez, escasamente riguroso desde el punto de vista técnico jurídico y altamente preocupante desde el punto de vista político.

Vayamos por partes.

La medida decidida ayer amplía las atribuciones de la Audiencia Nacional, que es un tribunal de excepción y, por ello mismo, de dudosa juridicidad, en la medida en que niega el derecho al juez natural, que es un derecho que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos. Todo lo que tienda a reforzar la Audiencia Nacional, en lugar de a limitar sus atribuciones y prepararla para su desaparición, me parece criticable.

Se pretende justificar el mantenimiento de la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, alegando que los jueces que actúan en el País Vasco están sometidos a una presión social que limita sus posibilidades de independencia. Lo cual es cierto. Pero no es menos cierto que esa misma presión existe también para todos los demás órganos de la Administración, incluidos los de la Justicia no especializada en los delitos de motivación política. ¿Alguien cree que, por ejemplo, un juez de lo Social puede dictar sentencia en Guipúzcoa sobre una huelga apoyada por LAB sin tentarse muy mucho la ropa? Además, una Justicia que conoce mal o desconoce la realidad en la que se producen los hechos que enjuicia corre el riesgo de interpretarlos mal. Por otro lado, la Justicia no sólo puede perder su independencia en la dirección que apunta el argumento en pro de la existencia de la Audiencia Nacional. También lo puede hacer por la vía contraria, es decir, subordinándose a otros poderes del Estado. El grado de subordinación de los jueces de la Audiencia Nacional al Ejecutivo es, para estas alturas, escandaloso.

Pero es que, además, es un error tipificar globalmente la kale borroka como terrorismo. No me refiero aquí al terrorismo en el sentido que da a esa palabra el lenguaje popular. Obviamente, la kale borroka puede aterrorizar. Hablo del terrorismo en la acepción jurídica específica que cobra ese término en el Código Penal. Según éste, para que un delito pueda calificarse de terrorista ha de ser causado por personas que tengan una conexión orgánica con una banda armada. No basta con que sea cometido por simpatía con una banda armada, ni respondiendo a un llamamiento genérico de la banda. Quiere esto decir que, para que un acto de kale borroka pudiera ser considerado terrorista, sería necesario probar que ha sido cometido en colaboración organizada, siguiendo instrucciones concretas de la banda armada. Para entendernos: que se pruebe que ETA se dirigió a los acusados y les indicó que debían hacer esto o lo otro.

Pero el hecho es que la mayoría de los actos de kale borroka suele ser obra de jóvenes activistas que actúan, sí, por simpatía hacia ETA, en concordancia con sus fines y sus deseos, sin duda, pero por su cuenta y riesgo. Ellos deciden qué atacan, cuándo lo atacan y cómo lo atacan. Eso, en rigor, no puede considerarse terrorismo.

La cuestión no es banal, ni mucho menos. La diferencia de calificación del delito puede conducir a absurdos como el que acabamos de ver (y eso que la reforma del Código Penal aún no ha entrado en vigor): que la Audiencia Nacional castigue la quema de un cajero automático con la pena de 16 años de cárcel, es decir, con una pena equivalente a la que podría merecer un asesinato. Ya lo he comentado en alguna otra ocasión: tal cosa supone, de hecho, una incitación a los jóvenes activistas para que se dejen de delitos menores y tiren -nunca mejor dicho- por elevación. Si la pena va a ser de todos modos la misma...

Eso sin contar con otro aspecto que es tal vez todavía más aberrante: que la quema de un cajero automático en Guipúzcoa sea juzgada por la Audiencia Nacional y castigada con 16 años de cárcel, en tanto que el mismo hecho, cometido en Sevilla, sea juzgado en la propia capital andaluza y se quede en una condena de un año de cárcel, como máximo, incluso aunque el autor del estrago proclame que lo hizo porque odia el Estado capitalista.

Parece bastante evidente que, de este modo, el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley se va a freír espárragos.

Mucha gente se muestra indiferente ante estas medidas, o incluso las respalda, porque está hasta las mismas narices de ETA, de la kale borroka y de todo lo que tenga que ver con ellas. No se da cuenta de que, por esa vía, se horadan los principios del Estado de Derecho y se van recortando los derechos y libertades de todos. Se va fascistizando la sociedad.

A cambio, nos mira con desconfianza a cuantos denunciamos lo que se está haciendo.

Peor para todos.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (30 de diciembre de 2000). Subido a "Desde Jamaica" el 23 de junio de 2017.