Los responsables de una revista de funcionarios euskaldunes, Administrazioa euskaraz, me pidieron hace unos días que les dijera qué opino sobre las iniciativas legislativas que se están poniendo en marcha aquí y allá para controlar las comunicaciones personales establecidas a través del correo electrónico y los teléfonos móviles. Van a publicar en octubre un dossier sobre ese asunto y quieren incluir un puñado de opiniones, entre ellas la mía.
Agradeciendo su interés y presto a atender su requerimiento, dediqué un rato a reflexionar sobre la cuestión, más que nada por el aquel de no quitármela de encima de cualquier manera. Por culpa de lo cual, me fui sumiendo más y más en esa mezcla de perplejidad e indignación que amenaza con convertirse en mi estado de ánimo permanente.
Estuve repasando las justificaciones que dan los dirigentes de los estados que más insisten en la necesidad de controlar «de algún modo» las comunicaciones electrónicas. En resumen, todos vienen a decir que las técnicas de la comunicación interpersonal han evolucionado muchísimo y que, lógicamente, las legislaciones deben acomodarse a esa tan tremenda evolución.
Me paré a reflexionar sobre el argumento. ¿«Lógicamente»? ¿En función de qué lógica?
Si uno repasa las viejas normas sobre Derechos Humanos recogidas en los textos constitucionales de los países con mayor tradición democrática, se encuentra con que un derecho que todos ellos reconocen como fundamental es el que ampara el secreto de las comunicaciones. En consonancia con ese principio rector, los representantes estatales deberían inquietarse, en todo caso, por la posibilidad de que los vertiginosos avances de la técnica pongan en peligro la privacidad de las comunicaciones. Pero no. Lo que les preocupa es justamente lo contrario: que tales avances puedan hacer más rápidas y más privadas las comunicaciones personales, superando las dificultades de tiempo, de espacio... y de fiscalización policial.
Y uno -aficionado a la retórica que es- se pregunta: ¿qué es lo que ha empeorado tanto desde hace un cuarto de siglo, que entonces los estados manifestaban su firme voluntad de no permitir que nadie metiera las narices en la correspondencia postal o en las conversaciones telefónicas privadas, y ahora creen necesario buscar el modo de hacerlo posible?
A mí se me ocurre una respuesta, pero no pretendo que sea la única ni -aún menos- la mejor. Creo que antes podían condenar formalmente la violación de las comunicaciones privadas porque quedaba elegante hacerlo, pero que podían practicarla a bajo coste material y político cada vez que les resultaba conveniente, en tanto que ahora los avances técnicos les han complicado ese juego hipócrita. Cotillear lo que escribimos o decimos en privado a nuestros allegados es más complejo, y además corren más riesgos de ser cogidos con las manos en la masa.
Porque ellos han aprendido mucho, pero los ciudadanos privados también.
Pongo un ejemplo. Si allá por 1970 un subversivo antifranquista quería fijar una cita secreta por correo, tenía que mandar su mensaje cifrándolo por trabajosos métodos y escribiéndolo entre líneas con tinta simpática, por lo común agua de limón o leche, dentro de una carta anodina.
Si la policía española hubiera respetado la ley que protegía la privacidad de la correspondencia, nada de eso habría sido necesario, por supuesto. Pero no la respetaba, así que había que burlar su censura. Ahora sus descendientes -porque los estados cambian, pero las policías en el fondo son siempre las mismas: está en su ser- se dan cuenta de que, con las mejoras de la técnica, sus trampas tienen cada vez peor avío.
De ahí que reclamen reformas legales. Para poder hacer sus trampas y reírse de los derechos y libertades de los ciudadanos con mayor facilidad.
Eso es lo que me malicio que pretenden. Pero no tengo pruebas. Lo digo sólo porque me conozco el género.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (16 de septiembre de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 8 de agosto de 2017.
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