La resolución adoptada anteayer por el juez Grande-Marlaska con relación a la asamblea de Batasuna prevista para el próximo sábado es jurídicamente discutible. ¿Cabe dictaminar la suspensión de actividades de un partido que, habiendo sido disuelto, carece de actividades legales que puedan quedar en suspenso, esto es, interrumpidas de manera temporal? Él cree que sí. Con no menos fundamento puede sostenerse que no.
Grande-Marlaska sostiene que lo hace porque Batasuna sigue existiendo «de facto, al margen de la ley». Pero, de ser así, no le correspondería a él poner orden en esa situación, sino, en todo caso, al tribunal que ordenó la disolución del partido y cuya sentencia se incumple.
En todo caso, se diga lo que se diga de cara a la galería, todo el mundo sabe que el fondo de este asunto no es jurídico, sino político. De haber consenso al respecto entre el PSOE y el PP, las autoridades judiciales estarían actuando con el mismo espíritu de colaboración que mostraron, por ejemplo, durante el proceso de disolución de ETA político-militar. Pero en este caso no sólo no hay consenso, sino una verdadera batalla campal de por medio.
Ignoro si finalmente se celebrará la asamblea de Batasuna. Puede que sí. A sus militantes les basta con reunirse al otro lado de la frontera: recuérdese que en Francia no están fuera de la ley. También podrían darse cita en otro lugar, distinto y distante del BEC de Barakaldo, o hacerlo otro día. Es lo de menos.
La asamblea de Batasuna es sólo la anécdota. Si se ha montado tan aparatoso guirigay es por la importancia que este episodio tiene de cara al progreso o el retroceso de un proyecto que es clave para la carrera política de Rodríguez Zapatero. Todos sabemos, empezando por él mismo, que hay dos asuntos que son decisivos para que llegue a su siguiente cita con las urnas como vencedor o como fracasado: la puesta al día del sistema de organización territorial del Estado, con el Estatut catalán como mascarón de proa, y la pacificación de Euskadi, con el adiós a las armas de ETA. Si en ambos terrenos aparece como victorioso, logrará, para empezar -que no es poco-, el respaldo real de su propio partido, y luego el de las urnas. Si no sale muy bien parado del primero, pero sí del segundo, es posible que consiga aguantar el tipo. Pero si ambas apuestas le salen mal, entonces estará perdido sin remisión.
Afronta en este momento una opción decisiva. O vacila y retrocede, perdiendo un tiempo precioso, o tira para adelante y cruza su particular Rubicón: la Ley de Partidos. Si no toma la iniciativa y se decide a derogarla, estará dándose por derrotado de antemano.
Lo de menos es su carrera política. Lo que está en juego es decidir si nos espera un futuro digno de ese nombre o si estamos condenados a seguir siempre atados al pasado.
Javier Ortiz. El Mundo (19 de enero de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: El Rubicón de Zapatero.
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