No pasa día sin que se oiga a algún responsable político afirmar que «no hay que pagar ningún precio político» para que ETA deje de utilizar las armas.
Si lo que pretenden decir con ello es que lo único que las autoridades del Estado deben negociar con ETA son las condiciones de su desaparición del mapa, no tengo nada que objetar. Es más: me da que casi nadie lo tiene. Incluso la propia Batasuna viene propugnando, desde el ya célebre mitin de Anoeta, que se separen netamente las conversaciones entre el Gobierno y ETA de las eventuales discusiones entre los partidos destinadas a buscar una redefinición de las normas que rigen la política vasca y las relaciones de Euskadi con el conjunto de España.
De hecho, ese planteamiento viene ya de antiguo. El Pacto de Ajuria Enea, suscrito en 1988 por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Vitoria a excepción de HB, se llamó oficialmente «Acuerdo para la Pacificación y la Normalización de Euskadi». El texto separaba de manera muy clara ambos objetivos -de un lado la pacificación, del otro la normalización- como necesidades distintas, y subrayaba la legitimidad de las aspiraciones a un desarrollo superior del autogobierno vasco, por otro lado ya tenidas en cuenta en el propio Estatuto de Autonomía.
El problema surge ahora cuando algunos, invocando el lugar común de que no hay que pagar ningún precio político por el cese de la violencia de ETA, reclaman que los partidos políticos y los sectores de la sociedad vasca de inspiración nacionalista o de posiciones autodeterministas -no necesariamente nacionalistas- aparquen sus aspiraciones y renuncien a plantearlas a corto o medio plazo, por mayoritarias que sean, para que sus reivindicaciones no coincidan en el tiempo con el proceso de finiquito de ETA.
Con lo cual, y apelando a la exigencia de que el Estado no pague ningún precio político, lo que hacen en realidad es reclamar que lo paguen otros. Están exigiendo que los partidarios de la pacificación y la normalización de Euskadi renuncien a la normalización en aras de la pacificación. Primero previenen contra la mezcla de ambos objetivos y luego los asocian ellos de manera perversa, requiriendo que una parte considerable de la sociedad vasca, que siempre ha defendido sus aspiraciones por vías pacíficas y democráticas, renuncie a ellas hasta nueva orden.
No veo por qué habría de hacerlo. Instituir un clima de convivencia pacífica en Euskadi no pasa por la inmovilización de ningún programa político. Al contrario: de lo que se trata es de que todos los programas puedan exponerse en la plaza pública, y al que le guste éste, lo aplaude, y al que no, lo silba, todo ello francamente y en paz. Y luego se vota, y el que tiene la mayoría representa al pueblo, y el que no, no. Es lo que se llama democracia.
Javier Ortiz. El Mundo (22 de mayo de 2006). Hay también un apunte con el mismo título: El precio de la paz
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