Mariano Rajoy ha aprovechado la XI Reunión Interparlamentaria del PP para comunicar al mundo en general y a la plana mayor de su partido en particular qué táctica van a aplicar durante la tramitación parlamentaria del Estatut catalán.
No me interesa tanto -a los efectos de esta columna, quiero decir- la decisión que ha tomado como el modus operandi que ha seguido para adoptarla. Es típico del Partido Popular. Cada vez que ese partido ha de tomar una determinación de importancia, su jefe supremo se lo piensa, sondea las opiniones de quienes tiene a bien -de manera informal, a su aire- y finalmente comunica su resolución a los órganos colegiados correspondientes, para que la pongan en práctica, y a los medios de prensa, para que la difundan. Todo a la vez.
Es el mismo sistema que aplicó Aznar a la hora de nombrar sucesor al propio Rajoy: rumió la cosa por su cuenta, habló con quien le vino en gana y, llegada la víspera del día en el que debía reunirse la dirección del PP para ver quién habría de ser el candidato, dio a conocer públicamente que su elegido era Rajoy. Con lo cual abortó cualquier posibilidad de debate interno. Igual que ha hecho en esta ocasión su sucesor, que ha impuesto su criterio sin confrontarlo con los de quienes defendían otros (Piqué, por ejemplo, que se había declarado favorable a la presentación de enmiendas concretas al articulado, y no sólo de una enmienda a la totalidad).
El artículo 6 de la Constitución Española, que trata de los partidos políticos, establece taxativamente: «Su estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos».
Hay pruebas públicas y notorias -he mencionado dos, pero podría poner muchas más- de que el funcionamiento interno del PP no responde ni de lejos a criterios democráticos. Algunas de sus opciones principales no se adoptan tras el preceptivo debate en los órganos colegiados electos. Se las reserva el jefe, que no deja a sus vasallos otro remedio que aceptarlas, salvo que quieran colocarse en el disparadero.
No es una cuestión formal, ni mucho menos. La democracia interna de los partidos debe expresarse tanto en la designación de sus órganos dirigentes, que ha de ser libre y sin coacciones, como en la existencia de canales que hagan valer las opiniones de los militantes en la determinación de la línea política. Lo que hace el PP es justo lo contrario: el presidente reparte los cargos, dejando a los demás en la obligación práctica de ratificarlos, y decide los puntos esenciales de la línea política, sirviéndose del partido como mera correa de transmisión.
Quiere decirse que el funcionamiento interno del PP es anticonstitucional, grave hecho que podría servir de base para promover su ilegalización. O, por lo menos, para exigirle que practique el caudillismo sin tanto descaro.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (5 de noviembre de 2005) y El Mundo (7 de noviembre de 2005). Hemos publicado aquí la versión del periódico. El apunte se titulaba El PP sí que es anticonstitucional. Subido a "Desde Jamaica" el 23 de octubre de 2017.
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