Desde Jamaica

Se atascan las negociaciones hispano-británicas para sacar del atolladero el conflicto de Gibraltar. El obstáculo con el que chocan ahora es... el de siempre: el de la soberanía. El Gobierno de Blair exige que, a cambio de ceder en materia de utilización conjunta de las instalaciones del enclave británico, Aznar renuncie a las pretensiones históricas de Madrid sobre la Roca.

Ese conflicto es un auténtico peñazo, en el que las cuestiones meramente jurídicas se enmarañan con los problemas reales. Y así no hay manera.

Que exista un pedazo de territorio geográficamente español con un Gobierno dependiente de Londres no tiene demasiado sentido. Pero la Historia ha consagrado muchas realidades de ese tipo. Sin ir más lejos, Madrid pretende que los territorios africanos de Ceuta y de Melilla son españoles, y sostiene que deben seguir siéndolo por los siglos de los siglos. En ese caso, por lo visto, no vale apelar a la «integridad territorial» y ha de prevalecer la voluntad de los pobladores.

No sobra la coherencia. Y menos aún si se tiene en cuenta que, como ya he señalado en alguna otra ocasión, en la Costa del Sol hay territorios bastante mayores que el de Gibraltar que están enteramente en manos británicas. Hasta tal punto que -a diferencia de Gibraltar- es imposible vivir en ellos sin saber inglés.

El problema de Gibraltar no es que se escape a la problemática soberanía española, tan mermada ya por las prerrogativas de los órganos comunitarios, sino que funciona, en buena medida, también al margen de la legalidad europea. Gibraltar es un foco reconcentrado de irregularidad fiscal. Es, probablemente, el rincón de Europa que cuenta con más fraude por metro cuadrado.

A nadie se le escapa que la firme determinación independentista de los llanitos tiene mucho menos que ver con el corazón que con la cartera. En tiempos, podían argüir -y con razón- que formar parte del Reino Unido les acarreaba amplias ventajas en materia de libertades políticas y de beneficios sociales. Ahora ya, lo tienen crudo para ocultar la verdad: a lo que se aferran con uñas y dientes es a su carácter de paraíso fiscal. Una realidad que sería imposible, por cierto, sin la entusiástica colaboración de los evasores de impuestos españoles y de la gran banca española.

Son ésos los problemas que hay que poner sobre la mesa, y no los del Tratado de Utrecht.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (11 de mayo de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 24 de abril de 2017.