Desde Jamaica

Apenas acaba de venir al mundo y ya está creando problemas.

Le ha dado por nacer mujer.

A mí me da igual, pero al establishment no. Constata la clase gobernante que, de volver a concebir la princesa y de alumbrar varón, la ley, tal como está, daría a éste preferencia en la sucesión de la Corona. Para evitar que se produzca un caso tan flagrante de discriminación en razón de sexo, defienden que se modifique el artículo 57 de la Constitución.

Dicen que hay que cambiar ese artículo de la Constitución porque vulnera el principio fundamental de igualdad consagrado en el artículo 14 del propio texto constitucional. No me parece una buena razón. Si dijeran que quieren cambiarlo porque queda poco estético, lo entendería. Pero apelar al artículo 14 no viene a cuento. De atenerse a ese artículo, que dicta que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», lo de menos sería el sexo de la descendencia de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. No cabría discutir quién tiene más derecho a la sucesión de la Corona porque no habría Corona: se procedería a abolir la Monarquía, institución que se basa en una discriminación radical en razón de nacimiento.

Pero el caso es que quieren cambiar ese artículo, y no lo tienen nada fácil. El título II de la Constitución, dedicado a la Corona, fue redactado para blindar la institución monárquica, que en 1977 estaba cogida con alfileres. Los artífices de la reforma que llaman Transición sembraron de dificultades cualquier intento de alterar el estatus legal de la Jefatura del Estado que legó Franco. De modo que, para rectificar el artículo de marras, están obligados a seguir un procedimiento de lo más complicado. Habrán de conseguir, en primer lugar, que dos tercios de los integrantes del Congreso y del Senado voten a favor del cambio. Logrado lo cual, deberá procederse a la disolución de las cámaras y a la convocatoria de elecciones generales. Realizadas éstas, el nuevo Congreso y el nuevo Senado habrán de ratificar, por la misma mayoría, la reforma legal. Tras de lo cual habrán de convocar un referéndum ad hoc.

Primer problema: la única posibilidad de que la puesta en marcha de un proceso así no descabale toda la vida política normal pasa porque se realice coincidiendo con el final de una legislatura. Lo cual, en el caso presente, obligaría a esperar a 2008. (¿Se abstendrán los príncipes de Asturias de nuevas aventuras parentales de aquí a entonces? Más les valdrá porque, de tener un hijo varón antes de que la ley sea modificada, se verán en un grave aprieto: ¿cómo aplicar la nueva ley con efecto retroactivo al recién nacido y no hacerlo con el propio Felipe de Borbón, obligándolo a renunciar en favor de su hermana mayor, Elena?)

Segundo problema, y no menor: el único modo de evitar que el referéndum preceptivo proporcione una ocasión para que se plantee por fin un gran debate sobre la Monarquía -lo que resultaría nefasto para ellos, aunque lo ganaran-, sería que esa iniciativa de reforma de la Constitución formara parte de un paquete más amplio, confundiéndose en un conjunto de propuestas varias. Ésa fue la idea inicial de Rodríguez Zapatero, que habló de acompañar el retoque del artículo 57 de otro, más vistoso, sobre la conversión del Senado en cámara territorial, y un par de asuntos más, menores. Pero, con el cisco que hay montado en relación a las reformas estatutarias, resulta más que improbable que Zapatero lograra el voto favorable del PP para la reforma del Senado. De modo que puede verse forzado a elegir entre plantear la reforma del artículo 57 en solitario o no plantearla de ningún modo.

«El sueño de la razón produce monstruos», escribió Goya al pie de uno de sus Caprichos. Vaya que sí.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (31 de octubre de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 21 de octubre de 2017.