No tengo duda alguna sobre la maldad de Mario Conde. Es más: no la he tenido nunca, desde que me enteré de su existencia. Ya hace décadas, me di cuenta de que nadie asciende hasta la cumbre de un Banco con las manos limpias. Cuando supe de Conde, no tardé en comprobar con qué exacta precisión se cumplía ese infalible principio universal en su particular persona.
Ahora bien, creerle capaz de cometer muchas tropelías no me obliga a dar por hecho que las haya cometido todas. Y menos cuando la acusación proviene de un jefe de Gobierno. Más que nada, porque también sé desde hace mucho que ése no es tampoco un cargo apto para gentes con muchos escrúpulos.
Afirma la claque felipista que Conde ha pretendido «chantajear al Estado» con los papeles de Perote. Pero, en puridad democrática, eso es un contrasentido. No es posible chantajear a un Estado realmente democrático amenazando con entregar a la Justicia documentos que revelan que algunos empleados públicos cometieron delitos. Porque el Estado democrático es el primer interesado en que, si determinados servidores suyos son culpables de crímenes, se sepa, para así librarse de ellos y castigarlos. En rigor, del único modo que cabría chantajear al Estado sería por el lado opuesto: con la terrible amenaza de dificultar que los crímenes se aclaren y sus autores sean desenmascarados.
Se me objetará diciendo que esta argumentación refleja una visión muy idealista de los Estados; que, en la práctica, no hay ninguno que sea democrático al cien por cien. Pero una cosa es que los Estados tengan una enojosa tendencia a olvidar a la hora de los hechos sus bellas proclamas democráticas -un detalle que no se me había escapado- y otra, muy diferente, escudarse en esa triste realidad para no exigir a nuestro Estado concreto que respete sus propios presupuestos fundacionales.
En este asunto, lo que hay que hacer es prestar menos atención a declaraciones pomposas y soflamas y atenerse a los hechos. Yo no sé si Mario Conde tiene los papeles del CESID sobre la guerra sucia. Ni siquiera sé si los tiene Perote. Lo que si sé, y sabemos todos, es que quien sí los tiene es el CESID. Y que quien no los tiene es el juez, al que solo le han llegado un par de muestras, y no por vía oficial. ¿Por qué ocultan esos papeles a la Justicia? No me hablen de la seguridad del Estado, que volvemos a lo mismo: la seguridad de un Estado democrático no puede depender de actos ilegales.
Hay otra vía por la que cabe pensar que podrían llegar a manos del juez los papeles de Perote: la del propio Perote. ¿Por qué no los suelta?
Reflexionen ustedes sobre ello, consideren cuán precaria es la situación de libertad del coronel y verán que fácilmente les viene a la cabeza entonces -entonces sí- la palabra «chantaje».
Javier Ortiz. El Mundo (23 de septiembre de 1995). Subido a "Desde Jamaica" el 22 de septiembre de 2011.
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