Durante el debate sobre la Ley de Partidos Políticos (que, debería llamarse «de partido político», en singular), el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, desempolvó unas declaraciones que hizo José María Aznar a la revista Época el 4 de marzo de 1996. Le preguntaban: «¿Qué opina de que ahora se intente ilegalizar a HB?», y Aznar respondía: «Que es una cuestión absolutamente estéril. Hay que actuar contra las personas que amparan, jalean o hacen apología del terrorismo, contra personas concretas, imputarles los delitos de los que son culpables, ponerles delante de un juez y que sean juzgados. Eso es lo que hay que hacer».
De entonces a aquí, HB ha cambiado de nombre, pero nada más. Los reproches que se dirigen ahora al partido de Otegi son los mismos, punto por punto, que ya entonces se le formulaban.
A los efectos de mi reflexión, me da igual que Aznar tuviera razón en 1996 o que la tenga en 2002. Me limito a constatar que entonces sostenía una tesis y ahora la contraria. Y lo constato no porque ese cambio me parezca reprobable en sí mismo (todo el mundo tiene derecho a variar de criterio), sino porque me cuesta entender que el Aznar de 2002 se muestre tan inmisericorde con el Aznar de 1996, descalificando del modo más brutal a quienes defienden las posiciones que él mismo hacía suyas hace seis años.¿Por qué se insulta retrospectivamente de esa manera, llamándose «cómplice del terrorismo», «inmoral», «insensible al dolor de las víctimas», «agente de los verdugos» y ni sé cuántas cosas más? ¿Tan difícil le es imaginar que lo mismo que él opinaba entonces de buena fe, porque creía que era lo correcto, lo opinen otros hoy con el mismo sincero convencimiento jurídico y político?
Es como cuando afirma muy solemnemente que es aberrante proponer la vía del diálogo para la resolución del problema de ETA. El trató en su momento de transitar por esa vía. Si cree ahora que cometió un error imperdonable, una auténtica felonía, ¿dónde está su mea culpa?
Hago extensible mi perplejidad a quienes hoy aportan como prueba irrefutable de la bondad de la Ley de Partidos el hecho de que ha sido votada favorablemente por la inmensa mayoría de los diputados. Porque muchos de los que esgrimen ese argumento hicieron mofa de él cuando el 14 de diciembre de 1988 la ciudadanía española secundó masivamente una huelga general cuya convocatoria había sido rechazada por la práctica totalidad del Parlamento. ¿Cabía dudar entonces de la infalibilidad del Parlamento, pero no ahora?
Lo menos que cabe exigir a quienes se adaptan con tanta desenvoltura a los meandros de la política es que no traten de presentar como dogmas de fe inapelables sus sucesivos pronunciamientos de quita y pon.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (6 de junio de 2002) y El Mundo (8 de junio de 2002). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 29 de abril de 2017.
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