Desde Jamaica

Supongo que los ciudadanos no demasiado versados en los arcanos de la política española que sigan la actualidad sin pasión excesiva –sin dejarse cegar por el fanatismo, quiero decir– se quedarán a menudo perplejos a la vista de los aparentes sinsentidos de los que dan cuenta los medios de comunicación.

Tendrán dificultades para entender, por ejemplo, que el PP y sus acólitos, que no montaron ninguna bronca para conseguir la prohibición del mitin que la izquierda abertzale celebró el pasado 3 de marzo en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, se hayan movilizado esta semana a tope para que no pudiera llevarse a cabo el acto de ayer en el BEC de Barakaldo. ¿En Pamplona da igual, pero en Barakaldo es intolerable?

La aparente incoherencia del PP, no obstante, tiene explicación: quien habría tenido que apechugar con lo que sucediera en Pamplona el 3 de marzo habría sido el Gobierno de UPN, que había convocado para el mismo día una manifestación a su favor, en tanto que el embolado de ayer, de haberse complicado las cosas, habría tenido que lidiarlo en exclusiva el Gobierno vasco.

Hay otros asuntos recientes igual de chocantes.

Todos sabemos del extraordinario interés que está poniendo desde hace semanas el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el examen de las entrevistas mantenidas entre el lehendakari Ibarretxe y determinados dirigentes de la izquierda abertzale. El TSJPV se plantea la posibilidad de procesar al jefe del Gobierno vasco por haber propiciado esos encuentros.  El TSJPV considera que tener conversaciones políticas con miembros de Batasuna, organización declarada ilegal, puede ser delito.

Digo yo que los ciudadanos que oyen hablar de las persistentes dudas del mentado Tribunal recordarán sin demasiado esfuerzo que hace tres años un líder político catalán, Josep-Lluís Carod-Rovira, a la sazón miembro del Gobierno de la Generalitat, se reunió con dirigentes de ETA para tratar de persuadirles de la sinrazón de la lucha armada, y que, aunque el asunto causó mucho revuelo, el caso es que finalmente ningún juez le procesó por ello.

Lo cual mueve a preguntarse, con muy buena lógica, si es más problemático tener tratos con Batasuna que con ETA. Y no sólo por lo de Carod-Rovira –que en mi criterio hizo bien, pero ése es otro asunto–, sino también por la actitud de los sucesivos gobiernos españoles, que jamás han dudado en conferenciar con ETA, sin que ninguno haya sido nunca acusado por ello de delinquir. Cosa que nos sitúa directamente ante una paradoja bastante chirriante: reunirse con Batasuna puede ser delito, porque Batasuna tiene que ver con ETA, pero reunirse directamente con ETA no.

Pero también eso cabe entenderlo. Basta con asumir que algunos tienen su propia jerarquía de hostilidades, y que en ella ETA no ocupa el puesto principal.

Javier Ortiz. El Mundo (2 de abril de 2007). Subido a "Desde Jamaica" el 23 de junio de 2018.