Es como una manía: cada vez que se topan con un problema, buena parte de nuestros políticos -y de los comentaristas que siguen sus peripecias- proponen que se modifique la legislación.
¿Que un preso de ETA resulta elegido parlamentario? Al punto salen dos docenas de políticos -y seis de periodistas- que reclaman que se cambie la ley, para que una cosa así no vuelva a suceder jamás.
¿Que se realizan algunos pactos poselectorales más o menos raros? Pues lo mismo: que se cambie la ley. De arriba abajo, si se tercia.
Esta gente concibe el poder legislativo como una fábrica de prendas prêt-à-porter. Ignora que en un Estado de Derecho las leyes no se elaboran para resolver tal o cual problema concreto; que se idean para afrontar situaciones hipotéticas, al margen del nombre, el color político y la clase social de quienes eventualmente puedan merecer su aplicación.
Por eso se simboliza a la Justicia con los ojos tapados.
Ellos prefieren que vea. Para que pueda discernir, discriminar.
Es una pretensión impropia de un Estado de Derecho, ya digo, pero en absoluto absurda. Porque lo cierto es que la Justicia se quita la venda de los ojos con frecuencia. Y mira. Y discrimina.
Basta con leer el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se ha aplicado a los electos de EH que se encuentran en prisión preventiva. Ese artículo se hizo para ser aplicado únicamente a quienes están acusados de delitos relacionados con bandas armadas. Quiere eso decir que si Barrios no estuviera condenado en primera instancia por crímenes terroristas, sino por haber violado y asesinado a diez mujeres, y no lo hubiera hecho por la independencia de Euskadi sino por particularísimo placer, entonces nadie le privaría de sus derechos de parlamentario.
¿Entienden ustedes eso? Yo no.
Se elaboran leyes con la venda quitada y se dictan sentencias con la vista también muy despejada. Como la del Tribunal Supremo contra la anterior Mesa Nacional de HB. Los jueces del Supremo saben que la responsabilidad penal solo puede ser individual, pero condenaron a todos los miembros de la Mesa Nacional, pese a ser incapaces de probar la participación de cada uno de sus integrantes en el presunto delito.
¿Hará justicia el Constitucional, si anula esa sentencia? Bueno, digamos que evitará que el caso sea examinado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que podría tener efectos bastante enojosos. Porque ese Tribunal tal vez tampoco sea ciego pero, como está lejos, ve mucho menos.
¡Ah, el Estado de Derecho! Solo le encuentro un inconveniente: que no existe. Ni en España ni en ninguna parte. Ahora: por lo demás, es perfecto.
Javier Ortiz. El Mundo (14 de julio de 1999). Subido a "Desde Jamaica" el 17 de julio de 2011.
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