El Gobierno argumenta su intención de imponer unos elevados servicios mínimos el día de la huelga general porque -dice- «hay que garantizar el derecho al trabajo». La paradoja chirría: para que puedan trabajar los que no quieran hacer huelga, obliga a trabajar a quienes sí quisieran hacerla. Para garantizar un derecho, violenta otro.
La idea de «servicios mínimos» es de una elasticidad supina. ¿Con respecto a qué son «mínimos»? De lo que debería hablarse es de servicios imprescindibles. Tiene que haber en los hospitales personal médico suficiente como para asegurar la atención de los enfermos y de las urgencias; ha de existir modo de que pueda desplazarse quien no tenga más remedio que hacerlo -para acudir a un hospital, por ejemplo-; es de cajón que haya retenes de mantenimiento que aseguren el correcto funcionamiento de las redes eléctricas, de gas y de agua; parece prudente que la Policía vigile para que ese día los cacos y los maridos furiosos no tengan barra libre...
Todo eso es imprescindible. Lo que no es imprescindible es que Pepito Pérez, que quiere acudir a trabajar, lo haga a costa del derecho de Juanito López, que quiere hacer huelga. El que algo quiere algo le cuesta. Juanito López pagará su derecho a la huelga perdiendo un día de salario, que no es moco de pavo. Que Pepito Pérez se costee su fervor laboral acudiendo al trabajo ese día por sus propios medios. Si es partidario de que los parados tengan que aceptar un trabajo diario a 30 kilómetros de su casa, seguro que asumirá de buen grado hacerse ese día unos cuantos kilómetros por su cuenta. ¡El movimiento se demuestra andando!
Dice Aznar que los sindicatos coaccionan a los trabajadores para que secunden la huelga. Por mucho que hagan los sindicatos, jamás alcanzarán el nivel de virulencia coactiva que supone la apabullante campaña de agitación mediática que él y los suyos vienen realizando desde hace días en contra de la huelga. ¿No quieren que nadie se vea coaccionado? Pues bien, asuman su cuota parte en la lucha contra las coacciones. Exijan neutralidad a los medios públicos de comunicación. Y, sobre todo: anuncien que toda empresa que tome represalias tras el 20-J contra un trabajador que haya hecho huelga, sea fijo o eventual, será severamente sancionada, en tanto que conculcadora de un derecho ciudadano.
Estoy en contra de que nadie ejerza violencia sobre nadie para forzarle a actuar en contra de su voluntad en asuntos que entran dentro de sus derechos. En este caso y en cualquier otro. Pero que no hagan aspavientos denunciando la paja en el ojo ajeno quienes exhiben una tremenda viga en el suyo.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (13 de junio de 2002). Subido a "Desde Jamaica" el 29 de abril de 2017.
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