Desde Jamaica

Ayer, empeñado en señalar las circunstancias que dan sentido a las declaraciones hechas por Alfonso Guerra en los Cursos de Verano de El Escorial, acabé por dejar sin comentario su contenido.

Recuerdo a los olvidadizos que el ex vicepresidente del Gobierno afirmó anteayer que «no hay Estado que pueda resistir [una] residenciación fragmentada de la soberanía» como la que se amaga, según él, tras los proyectos puestos en marcha para reformar algunos estatutos de autonomía.

Guerra tiene razón cuando sostiene que, en el fondo, y bajo la engañosa apariencia de meras reformas de detalle, se está planteando de hecho, en ciertos casos, un cambio de principios constitucionales. Así, por ejemplo, cuando determinadas comunidades autónomas se oponen a que el Gobierno central pueda administrar a su guisa la transferencia de competencias, eligiendo en cada caso entre verificarlas plenamente, dosificarlas con cuentagotas o paralizarlas sine die, según le parezca, y reclaman que haya un órgano independiente de ambas partes que dirima los conflictos que se planteen al respecto, lo que en el fondo están planteando es que la autonomía deje de entenderse como una concesión graciosa del poder central para reconocerse como un derecho del pueblo que la ejerce.

Es verdad. Estoy de acuerdo con que, en último término, se está planteando ese cambio, y que es profundo. Lo que pasa es que a él le parece mal, y a mí bien.

Guerra habla de una «residenciación fragmentada de la soberanía». El término es deudor de sus propios prejuicios. Parte de que la soberanía es atributo de «el pueblo español», considerado como un todo (obviamente: sólo puede fragmentarse lo que constituye una unidad previa).

Pero no conduce a nada poner como premisa lo que constituye el meollo del debate. Se trata de acordar (porque un asunto de ese tipo sólo puede resultar de un acuerdo) si en este territorio que compartimos y que figura en los mapas como España -no tengo ninguna gana de discutir sobre nombres- hay un único pueblo y, por ende, un único sujeto de soberanía, o si hay varios.

Guerra hace nuevamente trampa cuando, dígalo como lo diga, viene a sostener que no es viable un Estado que se base en un conjunto de soberanías compartidas, es decir, parcialmente delegadas. Afirmar tal cosa es negar la posibilidad de que existan estados no ya confederales, sino incluso federales, nacidos -al menos teóricamente- de acuerdos alcanzados entre pueblos que se reconocen entre sí como libres e iguales en derechos. Es, de hecho, cerrar los ojos a la realidad de la Historia.

No faltará quien repare en la aparente paradoja de que un planteamiento así sea defendido por alguien que milita en un partido que se proclama él mismo federal y partidario del federalismo como forma de organización territorial del Estado. Pero no hay ninguna contradicción. El federalismo del núcleo central del PSOE ha sido siempre un mero adorno formal. Nunca se ha atenido a él, ni en su funcionamiento interno ni en su concepción de las relaciones entre el poder central y las comunidades autónomas.

Guerra se teme que estemos abocados a una confrontación importante por culpa de «la definición de España». Yo no deseo la confrontación, por supuesto, pero tampoco la paz ficticia, nacida de la imposición de los unos y de la eterna renuncia resignada de los otros.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (10 de julio de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 5 de julio de 2017.