Recordaba ayer cómo Aznar faltó en 1996 a su palabra: se comprometió con los funcionarios a actualizarles el sueldo -hasta firmó un decreto al respecto- pero, cuando hubo de materializar ese compromiso en los Presupuestos del Estado del año siguiente, se volvió atrás y propuso al Congreso de los Diputados que congelara esa partida, cosa que obtuvo con el apoyo de sus socios parlamentarios de entonces.
Fiados seguramente por esa crítica mía, o tal vez dando por supuesto que con tal de dar caña a Aznar me apunto a lo que sea, me llamaron ayer de El Mundo para pedirme un artículo en defensa de la reciente y polémica sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Ejecutivo a restituir a los empleados públicos la cantidad que entonces les negó. Respondí que no podía escribir ese artículo, porque, en mi criterio, esa sentencia no se ajusta a Derecho.
Me telefoneó poco después mi amigo Gervasio Guzmán. Comenté el asunto con él. Se quedó perplejo.
-¿Tú de acuerdo con el Gobierno? -me preguntó, incrédulo.
-No, en absoluto -le respondí-. Me limito a decir que la Audiencia Nacional ha patinado.
Lo que el Ejecutivo de Aznar hizo en 1996 fue -y sigue siendo- inaceptable. Tanto en el plano ético como en el político. Se pasó por el arco del triunfo un compromiso convertido en ley. Hubiera sido motivo sobrado para declararlo moralmente insolvente per in sæculam sæculorum y para exigir la dimisión de Mariano Rajoy, que fue el ministro que protagonizó la estafa.
Pero el hecho es que la Ley de Presupuestos que aprobó el Parlamento meses después no asignó ni una peseta más a la partida de retribuciones del personal de las administraciones públicas. Tras de lo cual, el Gobierno ya no podía acomodar el sueldo de los funcionarios al incremento del IPC, porque, de hacerlo, habría violado lo dispuesto en esa ley.
La reciente sentencia de la Audiencia Nacional se mete en un jardín jurídico de mil pares. Porque, al afirmar que el Ejecutivo hubiera debido respetar su acuerdo inicial, está afirmando por las mismas que debería haber contravenido la Ley de Presupuestos. Eso es jurídicamente insostenible. Los jueces de la Audiencia Nacional saben de sobra que, cuando dos leyes entran en conflicto, prevalece siempre la de mayor rango. Y, en este caso, la de mayor rango era, sin duda alguna, la Ley de Presupuestos. Por lo demás, el Ejecutivo está obligado en todo caso a someterse a las decisiones del Legislativo.
Es cierto que a menudo -muy a menudo- no estoy de acuerdo con las leyes. Cabe decir incluso que, en términos generales, la legalidad vigente me parece deleznable. Ahora bien: si de lo que se trata es de decidir si algo se sujeta o no se sujeta a la ley, entonces sólo cabe contestar desde el punto de vista de la ley, le guste a uno lo que le guste.
Así se lo dije a mi buen amigo Gervasio Guzmán.
-¡Pero tú no eres un experto jurista! -me espetó, en tono irritado-. ¡Todo esto que argumentas no pasa de ser tu propio punto de vista!
-Naturalmente, Gervasio -le contesté-. ¿Qué otro punto de vista podría darte, sino el mío? Creí que era de eso de lo que hablábamos.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (28 de enero de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 14 de abril de 2017.
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