La noticia ha sido bastante comentada por los medios de comunicación de Cataluña, pero me da que mucho menos por los de Madrid y otros andurriales. La Audiencia de Barcelona ha dictado veredicto de inocencia a favor de cuatro jóvenes que fueron condenados en un juicio rápido como culpables de delitos de agresiones y resistencia a la autoridad a raíz de la última gran manifestación contra la globalización. La Audiencia ha hecho algo más, y mucho más importante: ha instado el procesamiento de los policías que detuvieron a los manifestantes y que testificaron en su contra. Les acusa de falso testimonio y de fabricación de pruebas.
¿Qué es lo que ha pasado? Que, cuando fueron sometidos al primer juicio, inmediatamente después de los hechos, los acusados sólo pudieron defenderse apelando al testimonio de otros manifestantes. El juez, forzado a elegir entre la credibilidad de los agentes de la Policía Nacional y la de otros presuntos alborotadores, no dudó en dar por bueno el testimonio de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que le condujo directamente a emitir un veredicto de culpabilidad. Pero, acabado el juicio y dictada la sentencia, fue posible encontrar filmaciones periodísticas de los hechos juzgados. Y pudo comprobarse cómo los cuatro jóvenes en cuestión no sólo no habían atacado a los policías, sino que habían sido detenidos arbitraria y violentamente por ellos. A la vista de las nuevas pruebas, a la Audiencia Provincial no le ha quedado más posibilidad que absolver a los agredidos y promover el enjuiciamiento de los agresores y falsarios.
El suceso sería en todo caso digno de mención, pero lo es doblemente porque, además, es representativo. Según ha puesto en evidencia la defensa de los cuatro manifestantes condenados injustamente, la gran mayoría de los detenidos por las FSE en aquella manifestación y conducidos acto seguido a la autoridad judicial, o bien fueron puestos en libertad sin cargos a las pocas horas o bien han sido absueltos en los juicios celebrados con posterioridad. No es una apreciación subjetiva, sino un hecho estadístico, establecido por la autoridad judicial, que la Policía Nacional se entregó aquel día en cuerpo y alma a la realización de detenciones arbitrarias y a la formulación de acusaciones sin pruebas. En algún caso, como el que nos ocupa, lo aderezó con la fabricación de pruebas falsas.
Retendré de esta relación de hechos probados algunas conclusiones.
1ª) Está claro que las Fuerzas de Seguridad del Estado se comportan a veces de manera injustificablemente violenta.
2ª) Ha quedado establecido que hay miembros de las FSE que son capaces de mentir y de fabricar pruebas para apoyar acusaciones falsas.
3ª) Conceder por principio más credibilidad a lo declarado por miembros de las FSE que a lo testimoniado por los detenidos puede conducir a dar por verdadero lo falso y lo falso por verdadero.
Son conclusiones de un sentido común apabullante. A ver si el Gobierno deja de negarlas de una vez. A ver si se entera que la verdad no puede estorbar nunca a la verdadera lucha contra el terrorismo.
Y, ya de paso, a ver si aparta del servicio a los agentes acusados de malos tratos y falsificación de pruebas. Porque los mantiene en servicio, como si esos delitos le parecieran fruslerías.
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Post scriptum.- Aunque sea de manera lateral, añadiré otra conclusión, ésta de tipo técnico jurídico: la vía de los juicios rápidos, si bien presenta ventajas, debería elegirse sólo cuando los hechos juzgados no tienen vuelta de hoja. Así que el caso ofrezca perfiles más o menos confusos, debería optarse por la vía procesal tradicional. Eso sin contar con que, en este procedimiento concreto, enfrentado a los testimonios contrarios de los policías y los testigos, el juez bien podría haberse atenido al principio in dubio pro reo («en caso de duda, sentencia a favor del reo»).
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (8 de marzo de 2003). Subido a "Desde Jamaica" el 5 de marzo de 2017.
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