Lo más asombroso del deambular negociante del nuevo Estatut catalán es que, después de armar tanto ruido, va a acabar pareciéndose bastante al anterior. Las diferencias entre el uno y el otro amenazan con ser más cuantitativas que cualitativas.
La mejor muestra de ello nos la ofrecen sus dos puntos más controvertidos.
Primero: la consideración de Cataluña como nación, reconvertida en la aséptica constatación de un sentimiento popular mayoritario, se queda ahora circunscrita al Preámbulo, que carece de fuerza legal. En el articulado del proyecto –en su parte sustantiva–, una vez pasado por el cedazo del acuerdo Zapatero-Mas, Cataluña queda catalogada como «nacionalidad». Igual que en el Estatuto todavía vigente.
Segundo punto: el pacto Zapatero-Mas ha dejado en el dique seco el proyecto de dotar a Cataluña de un régimen fiscal y financiero semejante al que rige en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra –un plan de intención federalizante que figuraba en el texto estatutario aprobado en el Parlament– y lo ha reemplazado por un plan de régimen fiscal dotado de mayor autonomía, pero ajustado a los mismos criterios básicos que el ya existente. (En ese sentido, resulta francamente revelador que el propio Josep Piqué se declarara satisfecho de cómo ha quedado este capítulo del Estatut tras pasar por las mancomunadas manos de los líderes máximos del PSOE y de CiU.)
Hace medio año, los tres partidos gobernantes en la Generalitat catalana se comprometieron solemnemente a actuar «como un bloque» en todas las negociaciones referentes al Estatut. A la vista está en qué ha quedado el tal «bloque», con dos de sus tres integrantes aceptando dócilmente que el presidente del Gobierno elija para establecer el acuerdo clave a una formación política ajena al tripartito.
Basta con mirar la situación actual con cierta distancia para apercibirse de que bien puede estar preparándose para depararnos una nueva reedición de lo mismo que hemos vivido tantas veces en el pasado, cada vez que el partido mayoritario en el Parlamento de Madrid se veía obligado a buscar aliados para asentarse en el Gobierno. En tales casos, allí estaba siempre CiU ofreciendo sus servicios, ora al PSOE, ora al PP –ayudando a «la gobernabilidad del Estado», que decían, y siguen diciendo–, a cambio del peaje correspondiente.
Ya sabemos que la opción de Zapatero ha sido otra. Pero todo depende. De diversos factores, uno de los cuales es, claro está, que Maragall pueda mantener el tripartito en pie.
CiU está haciendo lo posible para que no lo logre. Y el hecho de que Rodríguez Zapatero haya optado por conceder a Artur Mas el trato de interlocutor preferente obliga a suponer que tampoco él descarta del todo esa hipótesis.
De momento ya se está sirviendo de CiU para acosar a Carod. Apuesto a que van a saltar chispas.
Javier Ortiz. El Mundo (26 de enero de 2006).
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