Desde Jamaica

1.- Escribía ayer sobre el poeta Julio Campal, con el que tuve un breve y juvenil contacto, y en cosa de nada ya recibía un correo rectificando mi memoria. Pablo Susinos, bibliotecario escrupuloso y preciso, me enviaba un enlace de Internet que ponía de manifiesto un par de errores de mi recuerdo.

Mi primer error fue afirmar que Julio era chileno, cuando en realidad nació en Montevideo. Juraría que le oí hablar a él mismo de su nacionalidad chilena, pero está claro que le entendí mal.

Mi segundo error no está tan claro. Sus familiares y amigos afirman que no se suicidó. Se trata de un extremo al que yo no atribuyo mayor importancia (¿y qué, si se suicidó?), pero ellos parece que le dan una gran trascendencia (vid. la información adjunta). De los hechos, tal como ellos mismos los recogen, no se puede desprender ninguna conclusión tajante.

Había un tercer error en mi recuerdo, que Pablo Susinos no cita: lo que contaba no sucedió en 1965, sino en 1966.

Lo que me ha resultado más curioso de lo que he leído sobre Campal, además de la importancia literaria que tuvo, y que yo desconocía, es comprobar que hubo algunos amigos míos de la época que siguieron en contacto con él. Veo en una lista de abajofirmantes al historiador Juan Carlos Jiménez de Aberásturi y al poeta y pintor Jokin Díez. Jokin y yo, influidos por las cosas que nos contaba Julio, publicamos por entonces un poema espacial en la revista del Instituto de Enseñanza Media en el que hacíamos como que estudiábamos, Ibai Alde, revista de la que éramos inspiradores junto con Jesús Ceberio, actual director de El País.

Qué cosas.

2.- Como quiera que el otro día me referí a los argumentos jurídicos que el Consejo General del Poder Judicial ha opuesto al proyecto de nueva Ley contra la violencia doméstica, y dado que pedí más razones para evaluar el asunto, me parece oportuno dar cuenta aquí del artículo que publica hoy en El Mundo Luis Aguiar, vocal del CGPJ y catedrático de Derecho Constitucional.

Aguiar responde a las dos líneas de objeción que figuran en el informe del CGPJ (frente al que él opuso un voto particular) y dice:

«En primer lugar, se critica la improcedencia de una opción legislativa que se dirige a combatir la violencia sobre la mujer, habida cuenta de la existencia de otras muchas manifestaciones de violencia, como la que con frecuencia padecen ancianos y niños, «más grave si cabe» que la violencia sobre las mujeres (informe del CGPJ, pág. 18).

Se desconoce así que, históricamente, las relaciones de dominio que se han ejercido en el seno de la familia se han traducido con frecuencia en violencia sobre la mujer. Y se desconoce que la lacra social por excelencia en la vida de pareja es la creación de un insoportable clima de violencia sobre la mujer (de cada 10 denuncias por violencia doméstica en 2003, 9,1 eran por violencia sobre la mujer).

Una breve cita parece avalar la opción del Gobierno. La recomendación del Consejo de Europa de 30 de abril de 2002, cuyas primeras palabras son: «Reafirmando que la violencia hacia las mujeres es el resultado de un desequilibrado reparto de poder entre hombres y mujeres, y está provocando una seria discriminación contra el sexo femenino...».

La segunda línea de crítica es la que consiste en tildar de inconstitucionales las reformas penales (establecimiento de tipos penales de los que sólo puede ser autor el hombre) y procesales (creación de juzgados de violencia sobre la mujer) por entender que vulneran el artículo 14 de la Constitución.

También aquí me permito discrepar. Unas y otras han de interpretarse como medidas de acción positiva, consistentes en dulcificar el principio de igualdad ante la ley para garantizar así una igualdad real y efectiva en el disfrute de los derechos.

En nuestro ordenamiento, el principio de igualdad ante la ley no puede ser interpretado como un rígido y formal axioma. El legislador, por el contrario, está constantemente atribuyendo consecuencias jurídicas distintas a actos iguales, pero que son realizados por sectores de población en circunstancias sociales diferentes.

En suma, el problema no es si el legislador puede o no modular el principio de igualdad, sino si cuenta con una justificación objetiva, razonable y proporcionada. Combatir una violencia que coloca a un buen número de mujeres por debajo de la dignidad que merecen y que el año pasado provocó la muerte de 81 de ellas parece que puede justificar unas enérgicas medidas para intentar paliar tan lamentable situación.»

Me parecen argumentos sólidos y muy dignos de consideración. Llegados a este punto, la única objeción que sigo poniendo al proyecto de Ley es que no extienda su ámbito de aplicación a las otras formas de violencia que se producen dentro de la vida en pareja y que también tienen su origen en las estructuras de dominio propias de la ideología patriarcal. Me refiero, en concreto, a las formas de violencia que ejercen quienes asumen el papel de dominadores dentro de las parejas compuestas por personas del mismo sexo.

3.- Baltasar Garzón se ha visto obligado a poner en libertad a Juani Lizaso, la persona a la que encarceló acusándola de ser responsable de las Herriko Tabernak. Lo ha tenido que hacer porque se le ha pasado el plazo máximo que la Ley asigna a la situación de prisión preventiva. Es, sencillamente, una vergüenza, que revela la frivolidad y la negligencia de un juez al que el CGPJ le consiente todo. El engominado magistrado tiene tiempo para acudir a toda suerte de actos sociales y saraos, pero no para evitar que los sumarios se le eternicen sobre la mesa.

La opción es obvia: o Lizaso debe estar en la cárcel porque es un peligro público, en cuyo caso el magistrado de la Audiencia Nacional es responsable de su indebida situación de libertad y debería ser expedientado por ello, o no pasa absolutamente nada porque esté en la calle, y entonces Garzón es culpable de mantener situaciones de prisión innecesarias.

4.- «I don't want to die!». El grito angustiado del traductor coreano secuestrado por un grupo que se dice de Al Qaeda revolvía las tripas.

Lo degollaron a sangre fría.

Lo que me resulta más monstruoso es que crean que la difusión de ese vídeo les ayuda en algo. ¿En qué puede ayudarles? En la siembra del terror, por supuesto. Pero por cada civil aliado al que hayan influido para que se niegue a participar en la ocupación de Irak habrá miles de personas a las que hayan distanciado de la defensa de una causa que tiene a gente así entre sus protagonistas.

Javier Ortiz. Apuntes del natural (23 de junio de 2004). Subido a "Desde Jamaica" el 4 de junio de 2017.