Dejé el pasado miércoles la reflexión sobre el plan Ibarretxe en el punto que considero clave: la disputa sobre el llamado sujeto de la soberanía. ¿Tiene el pueblo vasco una personalidad jurídica propia, identificada e identificable, como sostienen los partidarios de la autodeterminación, o existe únicamente como parte del pueblo español, subordinada necesariamente al conjunto, tal cual afirman los que se dicen constitucionalistas? O, por plantearlo de un modo más gráfico y directo: ¿responde la autonomía actual de Euskadi a la atención obligada de un derecho preexistente o es el resultado de una benévola concesión del Poder central, venturosamente materializada en los textos fundacionales del régimen político vigente?
Según el Gobierno y sus valedores, la Constitución de 1978 lo aclara todo de forma inequívoca. Recuerdan que, según su artículo 2, «la soberanía nacional reside en el pueblo español». Pero saben de sobra que la propia Constitución reconoce acto seguido la existencia en España de diversas «nacionalidades», término usado sistemáticamente para aludir a los pueblos con personalidad y derechos propios. La Disposición Adicional Primera del texto constitucional remacha el mismo clavo, al reconocer «los derechos históricos de los territorios forales».
La Constitución se redactó en una compleja y contradictoria coyuntura. Trató de dar satisfacción a las fuerzas netamente anticentralistas de la oposición al régimen de Franco y, a la vez, a las más cerradamente centralistas, parapetadas tras el aparato represivo del franquismo, con los jefes militares al frente. Fue cualquier cosa menos inequívoca.
Tampoco pueden calificarse de inequívocos los principales textos legales que fueron elaborados más tarde para regir la vida política de Euskadi. Así, el Estatuto de Gernika puso buen cuidado en atribuir al pueblo vasco el derecho a fijar su propio camino. De hecho, cuando se elaboró, un destacado dirigente de UCD afirmó que ése no era un Estatuto de Autonomía, sino «una declaración de independencia apenas camuflada». Por idéntica dirección caminó el Acuerdo para la Pacificación y Normalización de Euskadi, más conocido como Pacto de Ajuria Enea, en cuyo texto se hablaba del derecho permanente de los vascos a replantearse por vía pacífica y democrática su relación con España. El 25 de junio de 1966, con el PP recién llegado al Gobierno, la Mesa de Ajuria Enea elaboró una declaración contra ETA, en uno de cuyos puntos se insistía en la validez del denominado «ámbito vasco de decisión». Y el Gobierno de Aznar, a través de su portavoz, mostró su total acuerdo con el texto.
Dejémonos de vainas: los consensos políticos establecidos en España desde 1976 ofrecen margen suficiente para hacer todo lo que se quiera hacer. O para no hacer nada. Para defender lo que sea... y su contrario.
¿Preeminencia de la ley? Venga, que no está la cosa para bromas de mal gusto.
Javier Ortiz. El Mundo (1 de noviembre de 2003). Subido a "Desde Jamaica" el 15 de abril de 2018.
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