Es como si se hubieran puesto de acuerdo: a la hora de editorializar sobre los trágicos acontecimientos de Nepal, casi todos los medios de comunicación de los estados monárquicos europeos ponen el máximo interés en subrayar cuán abismal es la diferencia que hay entre la realidad nepalí y las de por aquí.
Lo curioso es que nadie ha pretendido que tengan parecido, así que no se sabe a qué viene tanta advertencia. Acaba uno evocando el latinajo: excusatio non petita...
Nadie ha pretendido que las realidades respectivas sean similares.
A cambio, lo que parece difícil de negar es el parecido que guardan sus formas de Estado.
La mesa de mi ordenador es muy diferente de la del comedor de mi casa. Una es pequeña, de madera y con cajones; la otra, grande, de hierro forjado y cubierta de vidrio. Pero, en último término, ambas constan de una plataforma relativamente horizontal sostenida a la altura necesaria para la realización de determinadas tareas. De ahí que, por muy distintas que sean, quepa englobarlas en el concepto común de «mesa».
Pues tal cual las monarquías. Cada una puede ser de su padre y de su madre -y nunca mejor dicho-, pero todas responden a ciertas características esenciales. Así, se atienen al derecho de sangre, incompatible con cualquier forma de elección democrática. Y no se someten a la ley: sus titulares son penalmente irresponsables.
Lo sucedido en Nepal ha sido muy rocambolesco, pero perfectamente constitucional. Poco importa cuán sospechosa pueda resultar la actuación del tal Gyanendra: desde el momento en que accedió al trono -es decir, desde que murió su sobrino, porque en las monarquías la sucesión es automática y no requiere de ratificación política-, su actuación no sólo no es perseguible, sino ni siquiera investigable.
Felicitémonos de tener la suerte de que por estos pagos los herederos no promocionen sus candidaturas liquidando a tiros a quienes los anteceden en la línea sucesoria. Digo «suerte», y digo bien, porque, de hacerlo, aquí pasaría lo mismo que en Nepal: tampoco sería posible investigar su actuación, y menos aún perseguir sus actos por la vía penal, por mucho cante que dieran.
-Pero en España está prevista la posibilidad de inhabilitar al Rey -me objeta mi amigo Gervasio Guzmán.
-Como si no lo estuviera -le contesto.
En efecto: casi 23 años después de promulgada la Constitución española, todavía no se ha aprobado una ley que tase las causas de inhabilitación del Monarca.
Dicen que nadie se atreve a promoverla, para no molestar al Rey.
En fin, cosas de las monarquías.
Javier Ortiz. El Mundo (6 de junio de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 13 de junio de 2011.
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