Se le han echado encima: ¿cómo osa José María Setién llamar «políticos» a los presos de ETA?
Vayamos por partes.
Dejemos de lado inicialmente la política. Políticos o apolíticos, lo que está claro es que los presos de ETA no son comunes. El Gobierno admite sin el menor embarazo que les aplica un trato particular y que su futuro colectivo depende de la evolución que experimenten estas o aquellas circunstancias políticas. Si fueran presos comunes -es decir, como cualesquiera otros-, no cabría utilizarlos como moneda de cambio político, que es lo que está haciendo el Gobierno con ellos. ¿O acaso cree alguien que cuando Aznar dice que cambiará de política penitenciaria si ETA «hace un gesto» se está refiriendo a todos los presos?
Pero volvamos a la ofensa suprema: Setién los calificó de «políticos». ¿Y qué hay en eso de delirante? Hitler fue un político. No creo que por reconocer tal cosa me vuelva sospechoso de nazismo. El personal confunde con enojosa frecuencia la velocidad con la Tocino. Político no quiere decir ni estupendo, ni noble; es un adjetivo que describe, pura y simplemente, un área de acción. O un tipo de motivación, si se quiere. Setién se limitó a constatar que los etarras están presos por delitos cometidos con una intención política. Lo cual no es -insisto- valorativo, sino estrictamente clasificatorio.
¿Por qué lo denostan? Porque le atribuyen no lo que dice -que los presos de ETA son políticos-, sino lo que no dice -que los jueces los han condenado aplicando criterios extrajurídicos-. Para resolver el embrollo les habría bastado con preguntar a Setién si considera que el destinatario de su misiva y sus colegas están encarcelados injustamente. Pero no querían aclarar nada: lo que querían es cogerlo en falta. De Aznar y Mayor a Rosa Díez -que sí cree que hay en España presos encarcelados por injusticia política-, pasando por Anguita: les encanta hacer vudú con el obispo donostiarra.
Vaya tropa.
Se ofenden muchísimo cuando consideran que alguien pone en duda que el de aquí sea un Estado de Derecho. Pero el Derecho les interesa sólo aproximativamente: no olvidemos que, si esta polémica ha estallado, es gracias a que alguien ha hecho llegar a la prensa una carta que era estrictamente personal, y que lo ha hecho sin contar con el preceptivo permiso del remitente y/o del destinatario.
Esa es una conducta delictiva prevista en el artículo 197 y siguientes del vigente Código Penal. O sea, un delito común. Aunque, eso sí -lo admito-: de intencionalidad política.
Javier Ortiz. El Mundo (16 de diciembre de 1998). Subido a "Desde Jamaica" el 23 de diciembre de 2010.
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