El Congreso de los EEUU ha concedido al presidente Bush plenos poderes para atacar militarmente a cualquier objetivo, personal o territorial, que tenga relación, directa o indirecta, con los atentados del pasado martes. La resolución deja claro que no se trata sólo de ir a por quienes hayan contribuido abierta y conscientemente al crimen. Puede enfilar libremente contra cualquiera que haya colaborado, ayudado o hecho posible la comisión de los atentados, en términos generales y sin mayores precisiones.
De momento, sólo se sabe de un país que haya ayudado a cometer esos atentados: los propios Estados Unidos, que albergaron y entrenaron a los terroristas. Como Bush llegue a hacerse cargo de esa realidad -cosa ciertamente poco probable: lo suyo no es hacerse cargo de las realidades-, lo mismo ordena que bombardeen Washington. U otro par de rascacielos de Nueva York.
La observación puede tomarse como una mera boutade -y a fe que lo merece-, pero también puede dársele una vuelta más. Porque lo cierto es que, tomada la resolución del Congreso en su literalidad, Bush estaría efectivamente autorizado a bombardearse a sí mismo. La Cámara no ha establecido como condición para el lanzamiento de una represalia bélica contra tal o cual país que la ayuda recibida por los autores de la masacre haya corrido a cargo de sus autoridades y haya sido proporcionada con conciencia de la finalidad que iba a recibir. No: basta con saber que los han albergado, o que les han ayudado en lo que sea. Con probar eso, vale para lanzar el ataque.
La constatación de que, conforme a esos criterios tan vagos, podrían lanzarse un ataque incluso contra sí mismos, es la más clara demostración de que han autorizado la toma de represalias sin prueba ninguna de que estén realmente justificadas.
Le han dado carta blanca para atacar a quien le dé la gana, sea culpable o no.
Si eso es un Estado de Derecho, que venga Montesquieu y lo vea.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (15 de septiembre de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 6 de junio de 2017.
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