Desde Jamaica

Mil y pico enseñantes vascos van a ser recolocados en tareas no docentes porque su conocimiento del euskara no les permite impartir clases en lengua vasca.

«Un ciudadano vasco que no sabe euskara, ¿es un ciudadano de segunda?», le pregunté al lehendakari Ibarretxe en una de nuestras recientes y larguísimas entrevistas. «¡No, Jesús, claro que no!», me respondió. La recolocación de estos enseñantes no parece muy acorde con su vehemente respuesta.

El asunto, sin embargo, es peliagudo.

Estamos ante un complejo caso de derechos encontrados. El enseñante no euskaldún tiene derecho a ejercer su profesión. Y los chavales y las chavalas que acuden a un centro de Enseñanza en Euskadi -o, a título jurídico, sus progenitores o tutores- tienen derecho, a su vez, a que se les impartan las clases en euskara, si ése es su deseo. El derecho que debe prevalecer, en este caso como en cualquier otro en el que entren en contradicción un derecho individual y otro colectivo, es el colectivo.

Pongamos un caso típico: un ciudadano acude a la ventanilla de una oficina de la Administración autónoma y se dirige al funcionario en euskera. ¿Tiene derecho a que lo atiendan en su lengua? Sin duda.

Pero las cosas no son tan simples. Porque en Euskadi hay dos lenguas oficiales. Los modelos docentes en vigor tienen en cuenta ambas y apuntan a que toda la chiquillería, reciba instrucción preferentemente en euskara o preferentemente en castellano, llegue a la edad adulta manejando con soltura ambas lenguas (lo cual me parece sumamente razonable). En un contexto como ése, no veo por qué no puede hallar acomodo un cierto número de enseñantes que se expresen exclusivamente en castellano.

Están luego los posibles agravios comparativos. Ejemplo: la Administración vasca permite que la práctica totalidad de los jueces y fiscales con destino en Euskadi no sepa una jota de euskara, para lo cual ha habilitado el necesario contingente de traductores. ¿Cien en la Justicia y cero en la Enseñanza? ¿Por qué? ¿Porque las asociaciones profesionales de jueces y fiscales son españolistas y, en cambio, las de enseñantes son mayoritariamente nacionalistas? ¿Porque unas le presionan en un sentido y otras en otro? No me parece un criterio.

Doy por hecho que una proporción importante de los enseñantes que no saben euskara acogerán bien la propuesta de la Consejería de Enseñanza del Gobierno Vasco y aceptarán los nuevos destinos con interés, precisamente para evitarse los problemas prácticos que les plantea su monolongüismo castellano. Me sé de más de uno al que el bilingüismo de la mayoría de sus alumnos -su monolingüismo práctico en euskara- le provoca verdaderos quebraderos de cabeza y que considerará una liberación dedicarse a otras tareas. Pero habrá también muchos que no deseen apartarse de la Enseñanza.

Ignoro si es cierto que la consejera vasca de Enseñanza ha dicho, como he leído, que «en un país bilingüe, todo el mundo tiene que ser bilingüe». Si ha dicho eso, ha dicho una memez. No se puede convertir el objetivo último -el bilingüismo total- en una exigencia para el presente.

Porque -y puesto que de derechos preferentes hablamos- el derecho preferente de la ciudadanía vasca es el derecho a coexistir en paz y en armonía, sin que nadie pretenda obligar a nadie a no ser como es.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (31 de diciembre de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 21 de febrero de 2017.