Desde Jamaica

Antoni Asunción declaró ayer como testigo en el juicio sobre el dispendio de los fondos reservados de Interior durante la etapa felipista.

Buena parte de la prensa española alaba hoy -como lo hizo en su día, cuando dimitió tras la fuga de Luis Roldán- la probidad del entonces ministro del Interior, comparando su comportamiento con el de sus inmediatos antecesores en el cargo. Parece ser que, en efecto, la llegada de Asunción al Ministerio de la Policía entrañó el cese del saqueo al que hasta entonces estaba sometida la caja negra del alto organismo.

Me da que algunos toman la reducción del grado de sinvergonzonería como irrefutable prueba de honradez.

¿Que Asunción dejó de pagar gratificaciones a cargo del presupuesto de fondos reservados? Vale. Pero eso no lo convierte automáticamente en honrado. Para empezar, no denunció que hasta su llegada era eso lo que se estaba haciendo. Lo cual constituye un delito de encubrimiento.

En segundo lugar, y según reconoció ayer, hubo algunos gastos ministeriales perfectamente escandalosos que mantuvo, sólo que sufragándolos a cuenta del presupuesto ordinario. Así, siguió pagando las muy sustanciosas minutas que pasaba el abogado Jorge Argote por asumir la defensa letrada de los guardias civiles acusados de tortura. Dijo ayer que tomó esa decisión porque eran «demasiados casos». No explicó qué le hizo dar por hecho que los contribuyentes deben subvencionar los platos rotos por los servidores del Estado cuando éstos se convierten en delincuentes. Porque lo cierto es que él cubría los gastos de la defensa de esos guardias civiles incluso cuando en el juicio quedaba establecido que eran culpables del delito del que estaban acusados.

Me parece que sé la verdadera razón de esa singular solidaridad. Recuerdo que, cuando estuvo al frente de Instituciones Penitenciarias, él mismo fue llevado a juicio por la Asociación Pro Derechos Humanos... por un delito de torturas. El ejemplar Asunción, según la asociación presidida entonces por José Antonio Gimbernat, había tolerado y encubierto un sórdido caso de malos tratos a reclusos en la cárcel de Sevilla. Eso explica su celo protector de los torturadores.

Por lo demás, supongo que don Antoni no ignorará que, así como los acusados tienen derecho a mentir en su propia defensa, los testigos que declaran bajo juramento ante un tribunal están obligados a decir la verdad, y que, si la adulteran, incurren en un delito de falso testimonio. Lo digo porque ayer pretendió que, en su día, Luis Roldán le entregó una carta para Felipe González, pero que él la rompió «porque carecía de interés» (!). Además, cuando le preguntaron si había consultado con el destinatario de la misiva qué hacer con ella, aseguró que creía que no. ¿Alguien se traga que sea posible olvidar una cosa así? Yo no, por lo menos.

Tal vez en el país de los ciegos el tuerto sea rey, pero, con el Código Penal en la mano, el delincuente menor no es inocente.

Javier Ortiz. Diario de un resentido social (18 de octubre de 2001). Subido a "Desde Jamaica" el 15 de junio de 2017.