Tengo una memoria bastante caprichosa -muy suya, por así decirlo- que acumula en mi cabeza chorradas a gogó y borra de ella en cuanto me descuido montones de datos de interés. Como me la conozco, suelo tomar nota de todo lo que preveo que se me va a olvidar y necesito recordar.
Cuando cuento esto, siempre hay un gracioso que me interrumpe y dice: «...Pero luego te olvidas de mirar las notas que has tomado, ¿no?». Pues no. Las miro siempre. He conseguido convertir eso en un hábito. Lo que me ocurre a veces es que no se trata de una nota, sino de algo que me llega por correo electrónico. Lo guardo pero, a los pocos días, olvidándome de que anda por ahí, me lo cargo en una de mis frecuentes operaciones de limpieza.
Aviso de esto para justificar lo impreciso de la historia que voy a contar a continuación. Tuve todos los detalles, pero los he perdido con el correo electrónico en el que me llegaron.
Me contaba un lector canario que un preso de ETA confinado en una cárcel de por allí ha cursado un escrito de queja porque en el centro penitenciario de sus sinsabores no se respetan las normas legales sobre consumo de tabaco, cosa que a él le parece fatal. Enterado del asunto un probo columnista isleño, lo tomó como argumento para lanzar una encendida diatriba: habrase visto, tiene narices el canalla: no se corta un pelo a la hora de matar pero es un remilgado con el tabaco, espero que las autoridades penitenciarias se limpien el pompis con su protesta, sólo faltaría que la tomaran en consideración, lo que se merece ese cerdo es que le metan cinco o seis cartones de tabaco por salva sea la parte, etcétera, etcétera.
Supongo que muchos lectores del diario se solidarizaron con tan indignado comentario.
Es gente que no ha entendido -ni entenderá, por mucho que se le explique, me temo- dos ideas clave. Primera: cuando a una persona se le impone una pena de privación de libertad, se la condena sólo a estar privada de libertad. Todo sufrimiento añadido que no venga dado por las exigencias de la propia reclusión está injustificado. Segundo: según los principios del Derecho democrático, la finalidad de la reclusión no es la destrucción del condenado, sino su rehabilitación. No se trata de tomar venganza, ni de aplicar la Ley del Talión, sino de recuperar al reo para la convivencia pacífica.
¿Que al columnista de marras y a sus fervorosos lectores les parecen mal estos criterios? Pues qué se le va a hacer, porque son los principios que fija la Constitución Española y deben ser cumplidos. El recluso conserva todos sus derechos intactos, a excepción de aquellos que expresamente aparecen limitados en la condena que se le ha impuesto. Y, como quiera que nadie es condenado a una pena de privación de salud, los presos pueden reclamar que se cumplan en la cárcel las leyes sobre consumo de tabaco y las autoridades deben atender su demanda.
Es así de sencillo. Aunque a tantos se les atragante, porque el estricto respeto por los derechos y las libertades sigue resultándoles un plato indigesto.
P.D. Añadido al apunte del pasado viernes: ya han subido los precios de las gasolinas.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (8 de agosto de 2004). Subido a "Desde Jamaica" el 24 de junio de 2017.
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