La ministra de Sanidad, Elena Salgado, propone que se incremente en un 20% el precio de las labores de tabaco. Según ella, un encarecimiento tan fuerte tendría efectos disuasorios para bastante gente, lo que reduciría la tasa de tabaquismo.
La puesta por las nubes del precio de la cajetilla sólo supondría un obstáculo de importancia para las personas con un nivel adquisitivo más precario. El resto rezongaría, como cuando se encarece la gasolina, pero seguiría comprando. Me pregunto si no será que la ministra, como socialista, se preocupa sobre todo por la salud de lo que el anterior jefe del Estado llamaba «nuestras clases menesterosas».
No creo, de todos modos, que Salgado vaya bien encaminada. Si su razonamiento fuera exacto, las Islas Canarias, donde las labores de tabaco tienen precios comparativamente irrisorios, contarían con una tasa de tabaquismo muy superior a la peninsular. Y no parece que sea el caso.
Llevo realmente mal algunas campañas propagandísticas -o directamente publicitarias- de las que acostumbran a emprender nuestras autoridades. La del tabaco es una. La que trata de promover la seguridad vial, otra.
La Dirección General de Tráfico realizó una predicción de la cifra de víctimas mortales que iba a registrarse durante el pasado puente: medio centenar, dijo. Dio en el mismo centro de la diana. Y no porque acertara de churro, sino porque apuntó bien. Consideró un conjunto de factores que sabía que iban a ser decisivos: el estado de las vías de circulación, las características del parque automovilístico, las condiciones meteorológicas previstas, la cantidad de desplazamientos -largos y cortos- propios de estas fechas, etcétera. A partir de todo lo cual, hizo sus cuentas. Unas cuentas en las que los llamados «fallos humanos» no figuraban como eventualidad aleatoria, sino como dato fijo: sabe muy bien qué porcentaje global de distracciones e imprudencias cabe esperar.
Lo cual quiere decir que la DGT tiene perfecta conciencia de la inutilidad de las campañas publicitarias que lanza apelando a la sensatez de quienes conducen. Que las difunde con el mismo espíritu ponciopilatesco que anima a otras autoridades a forzar la inclusión en las cajetillas de tabaco de muy severas advertencias sobre los enormes peligros que encierra la mercancía cuyo comercio ellas mismas avalan. Y es que la DGT es, a fin de cuentas, parte del mismo Estado que da toda suerte de facilidades a los fabricantes de unos automóviles que son capaces de correr a más del doble (!) de la velocidad máxima permitida y en cuya televisión de pago -porque es de pago, vía impuestos- se exhiben constantes reclamos publicitarios en los que conducir a toda pastilla se presenta impúdicamente como un valor.
Lanzan advertencias hipócritas. Hechas para que no se diga.
Y lo logran, porque apenas nadie dice nada, y ellos hasta quedan bien.
Javier Ortiz. El Mundo (17 de agosto de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 6 de mayo de 2018.
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