Un amigo mío, corresponsal en España de un medio centroeuropeo –con mucho tiempo libre a su disposición, en consecuencia–, tiene acumulado un montón de apuntes que, según él, demuestran irrefutablemente que cada vez que el Gobierno de Aznar pasa por un mal momento, se produce una acción policial espectacular contra ETA, preferentemente en Francia. Mi amigo sostiene que se trata de miembros de ETA o de colaboradores más o menos directos que las dos policías tienen localizados y bajo vigilancia, a la espera de que su detención resulte rentable a efectos políticos.
Tenga razón o no mi amigo, somos muchos en todo caso los que albergamos escasas dudas sobre la utilización distractora que el presidente del Gobierno y sus acólitos hacen de la lucha antiterrorista. Una utilización que adquiere formas tanto más aparatosas cuanto más importante es el problema que pretenden encubrir.
Observen ustedes que el efecto principal que ha tenido hasta ahora la catástrofe del Prestige, con todo su pringue, ha sido la acelerada puesta en marcha de un plan para que los terroristas de ETA se pasen cuarenta años en la cárcel, ni uno más ni uno menos. ¿Había ocurrido algo en las últimas semanas que revelara una peligrosa lenidad de la normativa penal contra el terrorismo? Más bien todo lo contrario: el caso de Gil Ostoaga, tan polémico en su arranque, dejó pronto trágicamente claro que los miembros de ETA puestos en libertad después de muchos años de cárcel salen psicológicamente destrozados.
La diferencia entre 30 y 40 años de condena puede tener valor para quienes no viven sino para la venganza, convertida en la única dimensión de su existencia, pero carece por completo de efectos sociales prácticos. Para empezar, el destrozo que el transcurso de ese tiempo hace en el cuerpo y la mente del reo es absoluto, y lo absoluto no admite grados. En segundo lugar, la reforma sólo podrá aplicarse a quienes sean condenados a más de 40 años después de que se apruebe la ley. Todos los presos de ETA anteriores -el medio millar que hay ahora- pasarán por la cárcel conforme a la legislación anterior, porque, como es sabido, las leyes no pueden aplicarse con efecto retroactivo, salvo cuando benefician al reo. Quiere decir todo esto que estamos hablando de una reforma de cuyas hipotéticas consecuencias prácticas tendremos noticia, si todo marcha conforme al pensamiento de Aznar... ¡durante el periodo 2033-2034!
Francamente: yo preferiría que estuvieran estudiando alguna iniciativa que nos permitiera confiar en que para entonces nuestros descendientes no estén discutiendo sobre qué hacer con los ancianos de ETA.
O, mejor todavía, que estuvieran discutiendo por qué lo han hecho tan rematadamente mal con el Prestige. Ahora mismo. No dentro de 40 años.
Javier Ortiz. Diario de un resentido social (7 de enero de 2003) y El Mundo (8 de enero de 2003). Hay algunos cambios, pero no son relevantes y hemos publicado aquí la versión del periódico. Subido a "Desde Jamaica" el 15 de enero de 2010.
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