Desde Jamaica

Varias auditorías e informes oficiales demuestran que la contabilidad y las finanzas de la Universidad del País Vasco han venido ofreciendo durante el mandato rectoral de Emilio Barberá anomalías de considerable importancia.

De ello han dejado constancia documental empresas auditoras de la solvencia de Arthur Andersen, entidades universitarias próximas al propio rector, como el Vicerrectorado de Presupuestos e Inversiones, y organismos oficiales especializados, como la Dirección de Intervención del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

Todos estos informes confirman que las cuentas de la Universidad presentan irregularidades tan numerosas como difíciles de explicar. Ya tras el primer tramo del mandato de Emilio Barberá, la empresa auditora Arthur Andersen & Co. emitió un informe en el que afirmaba que «la Universidad no tiene establecido un sistema contable y unos controles internos que aseguren que todos los gastos e ingresos que le afectan son registrados en la contabilidad y debidamente autorizados». Esta afirmación se refería a la situación de 1986.

Dos años después, la misma empresa auditora insistía en el diagnóstico, afirmando en un «Informe de Legalidad» que «las normas contables seguidas por la Universidad difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados y de los criterios contenidos en los Planes de Contabilidad Pública a los que debería haberse adaptado».

Sobre este particular, los expertos a cuyos informes ha tenido acceso El Mundo se muestran unánimes. En septiembre de 1989, en un informe sobre la situación financiero-presupuestaria de la UPV, la Dirección de Intervención del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, dirigido a la sazón por Alfonso Basagoiti, convenía en denunciar «la inexistencia de un sistema contable y de control presupuestario adecuado» y la «falta de fiscalización del gasto» en la UPV.

Dado el carácter oficial de este organismo, sus responsables se creyeron en la obligación de sugerir al Rectorado de la UPV las medidas correctoras en materia gerencial, y que se pusieran en práctica «a la mayor brevedad posible». Año y medio después, el Rectorado de la UPV no ha aplicado las instrucciones sugeridas por el Gobierno Vasco, al igual que obvió las conclusiones de la auditora Arthur Andersen.

Emilio Barberá acostumbra a citar a esta empresa auditora como garante de su solvencia gestora. De hecho, fuentes universitarias han afirmado a El Mundo que la relación entre el rectorado de la UPVEHU y algunos directivos locales de Arthur Andersen auditora parece «muy fluida». No obstante, es un hecho que esta empresa no ha dejado de constatar en sus informes sobre la UPV la existencia de importantes problemas económicos.

En el antes mencionado «Informe de Legalidad» encontramos la siguiente relación de irregularidades: «Hemos detectado 57 partidas –dice el escrito de Arthur Andersen & Co.–, de importes entre 627.000 pesetas y 16.549.000 pesetas, para las que se han fraccionado las facturas en importes individuales a 500.000 pesetas, al objeto de evitar la triple concurrencia y la formalización en contrato. El importe total de tales partidas asciende a 171.849.000 pesetas, aproximadamente.

«Hemos detectado contratos y actas de adjudicación cuya fecha es posterior a la recepción de las facturas o a la fecha de realización de los trabajos o adquisiciones. En concreto, de nuestra revisión han surgido 16 partidas de esta naturaleza, de importes entre 1.904.000 pesetas y 23.459.000 pesetas, que totalizan 112.091.000 pesetas.» (...)

«Los casos, entre los analizados, en que la adjudicación ha sido directa, no habiéndose celebrado concurso público o exigido la triple concurrencia cuando ello era legalmente obligatorio, han sido 9, por un importe total de 56.428.000 pesetas, aproximadamente. (...)»

En este informe («preparado para uso exclusivo del Rectorado de la UPV», según se dice en su último párrafo), Arthur Andersen señala bastantes otras irregularidades e incumplimientos de la legalidad en la gestión de la UPV, pero no hace un recuento completo de las mismas.

Nosotros las hemos contabilizado a partir de otro informe, éste elaborado por el propio Vicerrectorado de Presupuestos e Inversiones de la UPV. En un solo ejercicio económico –el de 1987–, hemos sumado hasta 94 operaciones económicas que vulneraron la legalidad.

Estas operaciones entrañaron un monto superior a los 500 millones de pesetas.

No es fácil determinar qué razones ha podido tener el Rectorado de la UPV para prescindir una y otra vez de las normas legales respectivas. Sí puede afirmarse, a cambio, que gracias a ello determinadas empresas se han visto beneficiadas de modo muy llamativo. El caso más espectacular es, probablemente, el de la empresa constructora «Contratas Gusla, SA», que tiene en la UPV a su más dilecto cliente.

Contabilizando únicamente el ejercicio de 1987, Gusla fue objeto de ocho contrataciones irregulares, una sola de las cuales importó casi 75 millones de pesetas. En los años 1988, 1989 y 1990, Gusla realizó para la UPV obras por un importe superior a los 1.500 millones de pesetas, cifra cuya relevancia no parece necesario subrayar.

Llama la atención el enunciado de algunos de los trabajos realizados por Gusla para la UPV. Ya en 1986 tuvo a su cargo la «reforma de las barandillas interiores del campus de Leioa» (28.260.479 pesetas de barandillas interiores) y la habilitación de la Sala de Juntas del mismo campus (una sala envidiable, porque sólo su «habilitación» ya salió por más de cuatro millones).

Para Gusla, 1988 fue un año decididamente ecológico. Cobró 53.388.984 pesetas por trabajos de «acondicionamiento y limpieza de zonas verdes» del campus de Leioa. Estas zonas verdes, al parecer, sufren una anonadante tendencia al deterioro, porque Gusla se volvió a embolsar al año siguiente 33.962.950 pesetas en concepto de nuevas obras de jardinería del mismo campus.

Es cierto que el Rectorado de la UPV adjudicó muchas de estas obras en condiciones de perfecta legalidad formal, tras el correspondiente concurso público. Pero hemos constatado que, en alguna ocasión, Gusla ha concursado compitiendo con otra empresa, llamada Construcciones Pemer, SA, que también concurría con su propio presupuesto.

Nada habría que objetar a la situación si no fuera porque basta con consultar el listín telefónico de Vizcaya para descubrir que esta última empresa tiene sus oficinas en la misma dirección que Contratas Gusla, y que ambas comparten también el mismo número de teléfono.

Un catedrático de la UPV ha resumido la situación afirmando que «cuando las aguas de la legalidad están turbias, se crean las condiciones para que algunos pesquen». Pero ese es un capítulo que merece tratamiento aparte.

Javier Ortiz. El Mundo del País Vasco (17 de abril de 1991). Subido a "Desde Jamaica" el 19 de enero de 2018.