Mi comentario de ayer sobre la conveniencia de que Rodríguez Zapatero haga algo para, en la medida de lo posible, neutralizar la beligerancia de los medios en contra de las iniciativas en pro de una solución dialogada a la violencia de ETA me ha traído no poca correspondencia. Algunos lectores que me conocen se dicen sorprendidos de que plantee la posibilidad de una intervención gubernamental destinada a influir en la línea editorial de tales o cuales empresas privadas del mundo de la comunicación.
No es nada tan brutal lo que planteo.
Puse el ejemplo de la Cope. No creo que quepa considerar la cadena de emisoras de la Conferencia Episcopal como una empresa privada del mundo de la comunicación, sin más. La Iglesia católica se subvenciona, y vive en parte, de lo que obtiene de las arcas públicas por un concepto tan definitivamente caduco como es la compensación por los bienes que le fueron expropiados hace dos siglos. Es un escándalo que con el dinero de los contribuyentes se esté pagando al menos una parte del sueldo de una recua de agitadores ultraderechistas que se pasan el día soliviantando a sus oyentes. Considero que no tendría nada de aberrante que el Gobierno hiciera saber a monseñor Blázquez que el Estado confía en que la Iglesia hará un uso menos político y menos sectario de las ayudas que recibe de las arcas públicas, a falta de lo cual se acelerará la conveniencia de discutir sobre lo adecuado o inadecuado de esa partida presupuestaria.
Un Gobierno democrático no puede violentar legítimamente la línea editorial de un medio privado mediante decisiones arbitrarias. Ejemplo típico: le está vedado utilizar la publicidad institucional como sistema de premio o castigo. Pero eso no le impide recordar a las televisiones privadas, por ejemplo, que la concesión pública que les permite emitir exige que se atengan a los fundamentos constitucionales, uno de los cuales otorga a la ciudadanía el derecho a recibir información veraz, mandato que, en ocasiones y en asuntos de primera importancia -caso del acuerdo parlamentario del pasado martes- no están cumpliendo. En cuanto a los medios de titularidad pública, estatal o autonómica, puede y debe señalarles que están obligados por ley a respetar el pluralismo de la sociedad: hay radios y televisiones públicas en las que, sencillamente, no hay nadie que defienda la necesidad de una salida dialogada al terrorismo de ETA, pese a ser ésa una opinión muy extendida.
No hablo de ejercer ninguna censura: sólo de poner a los medios de comunicación ante sus obligaciones, no ya éticas, sino estrictamente legales, haciéndoles ver, a cada cual según sus circunstancias y con toda la delicadeza que haga al caso, que la defensa militante de posiciones sectarias y de bandería no se corresponde con las necesidades de una sociedad plural.
Me consta que a buen entendedor, con pocas palabras basta.
Javier Ortiz. Apuntes del natural (20 de mayo de 2005). Subido a "Desde Jamaica" el 23 de octubre de 2017.
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