Los principales partidos políticos de la Comunidad Autónoma Vasca están dando por sentado, como cuestión de principio, que es obligatorio romper toda relación con aquellos electos municipales que no condenen los asesinatos políticos.
Es un planteamiento que me suscita un problema de lógica. Doy por supuesto que matar, cuando no se está en guerra declarada o cuando se hace sin respetar las leyes de la guerra –asesinando civiles, por ejemplo–, representa una violación de los derechos humanos que merece el mayor repudio.
Ahora bien: si se trata de derechos humanos, abarcan a la totalidad de la Humanidad, no sólo a la población de un área geográfica limitada. ¿Es obligado condenar los asesinatos políticos cometidos en Azpeitia o en Sevilla, pero no hay ningún problema si el silencio se guarda cuando los crímenes se perpetran en México, en Colombia, en China, en el Sáhara, en Arabia Saudí o en Gaza?
Algunos de los partidos que defienden en Euskadi esa actitud de exigencia absoluta de condena de los asesinatos locales mantienen relaciones fluidas –en algunos casos no sólo políticas, sino también económicas y hasta militares, por vías públicas o privadas– con responsables de crímenes execrables, documentados por organizaciones internacionales solventes e independientes.
No sólo se relacionan con ellos. Incluso los agasajan.
Las preguntas son obvias: ¿estamos hablando de derechos humanos o de derechos de uso exclusivamente interno? ¿Tiene fronteras la ética? ¿Está bien codearse no ya con cómplices de los asesinos, sino con los propios asesinos, siempre que nos pillen de lejos y ofrezcan negocios rentables?
Para mí que hay muchos políticos que visten una moral a la medida.
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (21 de enero de 2009).
