Para organizar un Estado laico, lo primero que se precisa es tener la firme voluntad de organizar un Estado laico.
Dicho así, parece una redundancia, o una boutade, pero qué va. Es dudoso que quien se viste de gala para acudir al Vaticano a concelebrar la beatificación o santificación de éste o del otro supuesto mártir hispano, y besa la mano de todos los papas o cardenales que se le ponen por delante, tenga claro que lo que desea es que el Estado que representa sea escrupulosamente laico.
Si bien se mira, es sencillísimo lograr que el Estado español se convierta en laico con todas las de la ley. Basta con tratar a la Iglesia Católica igual que a las demás confesiones religiosas. Se trata de denunciar, por absurdos e improcedentes, el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, el acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, el acuerdo sobre Asuntos Económicos y, en fin, el acuerdo sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio militar de los clérigos y religiosos, todos ellos suscritos por última vez el 3 de enero de 1979, si mi información es correcta. Y poner fin al atávico pago de las amortizaciones que recibe la clerecía para compensarla por las muy moderadas y más que sensatas medidas que tomaron Mendizábal y Madoz allá por los inicios y los medios del siglo IXX, con la comprensible intención de que España se convirtiera en un Estado moderno.
Se trata, por poner un ejemplo, de que el Estado no pregunte a los contribuyentes si queremos que una parte de los impuestos que pagamos vayan a parar a la Iglesia vaticana, por la misma razón que no nos pregunta si deseamos que recalen en la Iglesia taoísta o en el Frente Zapatista de Liberación Nacional.
¿Que una mayoría de la población española es católica? Tengo mis dudas. Pero, de ser así (que no niego que pueda serlo), mucho mejor que se le pone. Que los fieles de esa Iglesia, de la que son devotos, contribuyan por su cuenta al mantenimiento de su estructura y aseguren el sostén de sus actividades. Son libres de hacerlo. ¿Quién se lo impide? Pero que no reclamen que la organización del Estado se ponga a su servicio.
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (11 de mayo de 2008).
