Apenas hay día en que los medios de comunicación no se refieran a tal o cual detenido apuntando, como si eso quisiera decir algo inapelable, que tiene “antecedentes policiales”. Que alguien tenga antecedentes policiales lo único que significa es que las Fuerzas de Seguridad lo han detenido y conducido a una comisaría o a un cuartelillo en algún momento. ¿Con razón? ¿Sin ella? Eso son los jueces los que deben dictaminarlo. Y, en función de lo que decida la justicia, ese alguien acabará teniendo antecedentes penales o no, según los casos.
Si pudieran ustedes acceder a los archivos correspondientes, comprobarían que yo también tengo eso que llaman “antecedentes policiales”. Pero ninguna condena judicial. A resultas de una detención que padecí hace años, quienes resultaron procesados finalmente fueron los policías, a los que el juez imputó un delito de torturas. ¿Tendrán ellos antecedentes policiales? Más recientemente, pasé una noche en comisaría por haber increpado a unos supuestos agentes del orden que pusieron violentamente contra una pared, en Vallecas, a unos chavales porque, según declaración de los uniformados, “su aspecto” (sic!) les había resultado sospechoso. El incidente, desagradable, acabó en un juicio de faltas del que salí absuelto.
La mayoría de los antecedentes policiales que no se sustancian en condenas judiciales en un plazo razonable de tiempo –contemos también con la lentitud de la justicia española– es indicativa de las muchas detenciones injustificadas, o directamente ilegales, que se producen a diario en nuestro país.
Los medios de comunicación que citan como palabra revelada esos “antecedentes policiales” les hacen el juego.
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (8 de diciembre de 2008).
