Recordaba anteanoche, hablando con Eduardo Galeano, lo que respondió un detenido político de la época del franquismo cuando los agentes de la dictadura comenzaron a interrogarlo en la Dirección General de Seguridad y le conminaron, como primera providencia, a declarar dónde vivía. “Da igual”, dijo. “Si voy a tener que dejar de responder a sus preguntas cuando me hagan la sexta o la séptima, mejor me quedo en la primera. No les voy a dar mi domicilio, así que pueden empezar a pegarme ya”. Lo hicieron a conciencia durante cinco días. Pero el atestado final de la Brigada Político-Social (que así se llamaba aquel repugnante cuerpo policial) dejó constancia de ello: “Fulano de Tal, de domicilio desconocido…”
Mutatis mutandis, ésa debería ser la historia del Gobierno español con la Iglesia católica, cuyo Santo Oficio fue maestro en ese tipo de interrogatorios. Da igual en qué punto Zapatero decida cerrarse en banda ante las presiones y chantajes de la Conferencia Episcopal. Va a atacarle igual, y con la misma saña. ¿Para qué esperar a la sexta o a la séptima? ¡Plántese en la primera, que el resultado será el mismo, pero más digno! Cuando cede terreno, no sólo incumple sus teóricos principios laicos, sino que además hace el bobo.
Fue penoso oír el martes en el Congreso de los Diputados a Ramón Jáuregui, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, argumentar por qué el Gobierno no va a apoyar ninguna norma para excluir los símbolos católicos de las paredes de los locales y de las ceremonias del Estado. Según él, la dejación de esos símbolos tiene que ser una conquista de la sociedad civil, no algo que venga dictado por una norma legal. ¿Qué clase de argumento es ése? ¿La Declaración Universal de los Derechos Humanos no debería existir, porque trata de asuntos que deberían ser conquistas de la sociedad civil? Todo aquello que la mayoría social conquista merece ser refrendado y consolidado por la ley.
No juguemos a mantener el entuerto: el Estado español no es católico, por más que en España haya muchos católicos. Las religiones y los ateísmos son asuntos privados. Y como tales deben ser tratados.
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (29 de mayo de 2008).
