Parto del principio de que la indignación de las víctimas de un crimen, por extrema que sea, merece comprensión. Si –digo, por poner un ejemplo reciente– a alguien le matan a su hija, es absurdo reclamarle ponderación, serenidad, ausencia de ánimo de venganza y respeto al principio constitucional que dictamina que el castigo penal persigue la rehabilitación del delincuente. Pero una cosa es entender la ira de unos padres obcecados por el dolor y otra dar patente de corso en los medios de comunicación a sus reclamaciones legislativas, por estrafalarias que sean.
Los padres de Marta del Castillo, joven sevillana desaparecida y muy probablemente –y desdichadamente– muerta, reclaman que se celebre un referéndum para instaurar en España la cadena perpetua. ¿En qué criterios jurídicos sustentan su reclamación? ¿Apoyándose en qué dictámenes técnicos que demuestren que la cárcel a muerte contribuye a mejorar la seguridad ciudadana y a reducir la tasa de criminalidad? No hay ningún estudio que respalde esa tesis. En realidad, no hay tesis alguna. Sólo la reivindicación de la ley del Talión. En la franja de Gaza saben bastante de eso.
Los hay, aún más lanzados, que exigen que el Estado español restaure la pena de muerte, pero por la vía rápida, sin esperar a que el recluso fallezca en su celda con el paso del tiempo. Qué duda cabe de que este sistema sería mucho más económico para las arcas públicas, dado que los muertos ni comen, ni consumen, ni necesitan asistencia sanitaria. Salen baratísimos. Si de lo que se trata es de tomarse venganza, nada mejor.
¿Vamos a ponernos a ese nivel? ¿Hemos de hacernos todos más crueles que las bestias, así sea por referéndum?
Javier Ortiz. El dedo en la llaga, diario Público (20 de febrero de 2009).
