Mariano Rajoy ha anunciado que el PP va a recoger firmas para que se celebre en toda España un referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, dado que es un asunto «que afecta a todos los españoles». Según dijo ayer el presidente del PP, él no vería mal la posibilidad de que la consulta que propone se celebrara el mismo día que el referéndum catalán. Aclaró que la vía que piensa seguir para lograr la convocatoria de ese referéndum que se le ha ocurrido es la de la iniciativa popular, prevista en el artículo 87.3 de la Constitución.
Es difícil imaginar una propuesta más descabellada y menos conforme con la propia Constitución.
Para empezar, el mencionado artículo 87.3 deja claro que «no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributaria o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia». Dado que las leyes que recogen los estatutos de autonomía tienen carácter de orgánicas, la idea de Rajoy es directamente impracticable. A media tarde, la oficina de Prensa del PP «aclaró» que Rajoy se refería a una proposición no de ley. Pero el artículo 87.3 está precisamente para dar cauce a proposiciones de ley. Juntar más de 500.000 firmas para hacer una mera sugerencia es, literalmente, del género bobo.
No es menos peregrina la ocurrencia de realizar ese referéndum a la vez que el catalán. El artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1980 sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum prohíbe realizar referendos dentro del plazo comprendido entre los 90 días anteriores y los 90 posteriores a la fecha de celebración «de elecciones parlamentarias o locales generales o de mero referéndum». No pueden convocarse desde tres meses antes hasta tres meses después de que se celebre el otro. ¡Como para hacerlos coincidir!
Se me hace muy cuesta arriba imaginar que nadie en el PP se haya tomado el trabajo de consultar los textos legales vigentes para examinar la viabilidad de la iniciativa de Rajoy. La dirección del PP tiene muchas y muy llamativas carencias, pero de leguleyos anda sobrada. Si hubieran aquilatado el planteamiento con algún reposo y con un mínimo de seriedad, alguien habría informado al presidente del partido que su gran idea es un disparate. En esas condiciones, no queda más remedio que concluir que Rajoy ha hecho esa propuesta de referéndum imposible sin pensárselo dos veces, fascinado por las posibilidades de armar jaleo que prometía. Se ve que pensó que, como su propuesta sería rechazada de todas todas, eso le concedería la oportunidad de clamar que Zapatero no quiere saber qué piensa la ciudadanía española. Porque el objetivo esencial que persigue en estos momentos es ése: armar gresca. Cuanta más, mejor.
Estoy seguro de que sus seguidores incondicionales no perderán la oportunidad de aplaudir la idea, sin detenerse ni poco ni mucho en lo que dictan la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980. Y tan contentos.
No parecen hacerse cargo de que ese estilo pendenciero, broncas, no cae nada bien en muy amplios sectores de la propia ciudadanía española. Los sondeos realizados al respecto en las últimas semanas evidencian que la popularidad de Rajoy no avanza, pese a haber apretado el acelerador hasta el fondo. A la vez, se traslucen algunos casos de fuerte disenso interno, como el protagonizado por Josep Piqué, al que Acebes ordenó anteayer callar de malos modos.
Están haciendo una política que sirve para conseguir un alto grado de movilización interna y de excitación de los previamente convencidos y proclives, pero muy poco adecuada para ampliar su base social, que es lo que necesitan para acudir con posibilidades de éxito a la próxima contienda electoral. Si siguen así, como no se las arregle Zapatero para perder solo –cosa nada imposible–, lo van a tener francamente mal.
Javier Ortiz. Apuntes del Natural (25 de enero de 2006).
