Hace años –allá por 1998, calculo–, coincidí en las cercanías de las Salesas, punto neurálgico de la judicatura española asentada en Madrid, con un reputado jurista que me mostró sin tapujos su horror y su estupefacción por el endurecimiento radical que estaba experimentando la legislación antiterrorista española. «Son unos demagogos. Lo hacen para dar a entender que se toman muy en serio la lucha contra el terrorismo. Pero lo que están haciendo es disparatado», me dijo. Le pedí que explicara por qué sostenía ese criterio. «Elemental», me respondió. «Si por quemar un cajero automático durante un acto de kale borroka te caen 15 años de cárcel o más, y si por hacerte militante de ETA, meterte en un comando y cargarte a un tío a tiros te cae sólo un poco más, los chavales de la kale borroka van a empezar a pensar que están perdiendo el tiempo. La desproporción en el castigo es, en la práctica, un incentivo al terrorismo de alta intensidad», concluyó.
Recordé este razonamiento hace un par de días pensando en el tremendismo de las acusaciones que lanza el PP contra Rodríguez Zapatero, y me dije: «Si dice que va a hablar con ETA y que su gente de Euskadi se va a reunir con Batasuna y ya por eso sólo lo consideran un monstruo abominable, culpable de los peores crímenes de lesa patria, ¿no le están facilitando el avance en esa línea? Claro que sí. Puede ir tranquilamente más lejos y alcanzar los acuerdos en firme que considere oportunos, porque el PP no podrá acusarlo por ello de nada peor. Desde ese punto de vista, Acebes le está haciendo un gran servicio a Zapatero.»
Extraña conclusión, pero exacta.
