Nicolas Sarkozy ha anunciado diversas medidas destinadas a endurecer el castigo a los pederastas. Responde con ello a la indignación que ha causado en Francia el caso de un pederasta que, nada más salir de la cárcel, violó a un niño de cinco años. Entre las reformas que el presidente francés tiene previstas está la creación de un hospital especial en el que se practique la castración química de algunos reos de delitos sexuales. De los que se avengan a ello (porque, de no hacerlo, seguirán en la cárcel indefinidamente).
Mi primera reacción tras la lectura de la noticia fue de rechazo a las propuestas de Sarkozy.
Por dos razones.
La primera es que, de acuerdo con el criterio de muchos juristas sensatos, me parece mal que se aprueben reformas penales que son fabricadas sobre la marcha en función de un suceso que ha causado alarma social. Ese tipo de leyes improvisadas en caliente tienen siempre el mismo tufillo oportunista, de recurso de políticos que temen ser acusados de no hacer nada para atajar determinados delitos y que se apuntan a la «mano dura» para salvar la cara. Suelen sancionarse por esa vía leyes que, vistas a la luz de la experiencia posterior, se revelan inútiles o desproporcionadas, cuando no ambas cosas a la vez.
La segunda razón por la que la propuesta de Sarkozy me provocó rechazo es que tiendo a pensar –reconozco que más por intuición que por conocimientos médicos, de los que carezco– que los delincuentes sexuales no tienen localizado su (nuestro) problema en el escroto, sino en el cerebro, con lo cual la castración, aparte de ser un castigo tirando a bestia, puede no resolver nada. Hay individuos que cometen agresiones impelidos precisamente por su impotencia sexual. Es por eso por lo que, cuando oía hace años en algunas manifestaciones de mujeres gritar la consigna «¡Contra violación, castración!», pensaba que erraban el tiro lastimosamente. (Aparte de que nunca he simpatizado con las consignas farrucas, que ni siquiera expresan los verdaderos deseos de quienes las gritan, como aquella otra de «¡Obrero despedido, patrón colgao!», tan popular en las manifestaciones obreras de hace una veintena de años.)
Sin embargo, dándole un par de vueltas más al asunto –últimamente me da por objetarme a mí mismo todo lo que pienso–, me he admitido que no tengo ni idea de cómo funciona eso de la castración química. ¿Será capaz de alterar las pulsiones agresivas de los violadores sin convertirlos en guiñapos humanos, incapaces de sentir satisfacción? Que yo lo dude no quiere decir nada. Es un asunto científico sobre el que deben opinar quienes tienen los conocimientos especializados necesarios. (Si alguien que lea esto los posee y tiene tiempo y ganas de aclarármelo, se lo agradeceré.)
Hay otro punto del planteamiento de Sarkozy que también me parece merecedor de debate. Me refiero a lo que ha dicho sobre la necesidad de diferenciar entre el cumplimiento de la pena y lo que él ha llamado «la garantía de seguridad necesaria para dejar a alguien en libertad».
Se diría que es de sentido común. Si un tipo que ha sido condenado a tantos o cuantos años de cárcel por violador cumple la pena correspondiente, pero no está nada claro que haya superado su tendencia perversa, ¿no habría que impedir que salga a la calle, para evitar el peligro que eso supone?
Mi criterio inicial –sujeto a revisión, como todos, como siempre– parte de dos consideraciones. Una: si el caso del individuo en cuestión es clara y probadamente patológico, donde debería haber estado desde el principio es en un centro médico penitenciario, no en la cárcel común. Dos: «la garantía de seguridad necesaria para dejar a alguien en libertad» es un imposible. Pero no sólo con relación a los delitos sexuales: a ningún delito. Es más, puestos a no tener «garantía de seguridad», ni siquiera la tenemos con respecto a las personas que nunca han sido detenidas, ni juzgadas, ni encarceladas. En todos los casos nos movemos en el terreno de las probabilidades. No hay garantías. Pero sería una monstruosidad jurídica impedir que sean puestos en libertad quienes ya han cumplido la condena que les fue impuesta arguyendo que no tenemos «la garantía de seguridad» de que no volverán a delinquir.
Bueno, son algunas reflexiones y dudas que dejo a vuestra consideración. No siempre se puede opinar con certezas.
